El Poder Judicial impuso una nueva sentencia de 13 años y cuatro meses de cárcel al exmandatario Alejandro Toledo por lavado de dinero agravado en el proceso Ecoteva.
Esta resolución constituye la segunda sanción penal contra el exjefe de Estado, quien ya cumple una condena de 20 años y seis meses por el caso de la carretera Interoceánica, manteniéndose privado de libertad en el centro penitenciario de Barbadillo.
La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima emitió el fallo judicial tras evaluar las pruebas presentadas durante el proceso penal.
Participación virtual y coimputados en audiencia
Durante la sesión judicial, Toledo Manrique intervino de forma remota, junto a los procesados Avi y Shai Dan On, mientras estuvieron presentes los representantes del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción.
La investigación se centró en la adquisición de múltiples propiedades mediante la sociedad extraterritorial Ecoteva por personas cercanas al exgobernante, además de transferencias monetarias realizadas en territorio costarricense.
El fallecido empresario Josef Maiman confirmó mediante el programa de colaboración eficaz que los fondos depositados procedían de coimas entregadas a Toledo durante su gestión presidencial, descartando la versión inicial sobre una pensión que Eva Fernenbug, madre política del exmandatario, percibía como víctima del genocidio judío.
Esquema de corrupción con empresa brasileña confirmado
Según la resolución judicial leída en audiencia, quedó demostrado que el expresidente, aprovechando su posición en el Ejecutivo, acordó con el delegado de la constructora Odebrecht la asignación del proyecto vial Interoceánica a cambio de compensación económica canalizada a través de compañías constituidas en el exterior.
Estos recursos fueron posteriormente trasladados e incorporados al sistema bancario formal, con apariencia de legitimidad, para ser utilizados en la compra y cancelación de gravámenes hipotecarios de los inmuebles objeto del proceso judicial.
Entre las propiedades obtenidas se encuentran una vivienda en el distrito de Las Casuarinas y una oficina en el edificio Omega, ubicado en Surco. Asimismo, mediante la empresa offshore establecida en Costa Rica se liquidó el crédito hipotecario de la residencia del expresidente en Punta Sal.
La sentencia por el caso Ecoteva entrará en vigor desde el 17 de octubre de 2024, cuando Estados Unidos autorizó la ampliación de la petición de extradición contra Toledo por el delito de lavado de activos.
Foto Andina