El destino judicial de la ex primera ministra Betssy Chávez quedará en manos del magistrado supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, quien el próximo jueves 11 de septiembre decidirá sobre la solicitud fiscal que busca prohibir su salida del territorio nacional durante 12 meses. Esta medida forma parte del caso penal que enfrenta por su supuesta intervención en la tentativa de golpe de Estado ejecutada por el exmandatario Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
Durante una sesión virtual programada para las 2:30 de la tarde, el juez analizará la petición presentada por la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos el pasado 8 de septiembre. La solicitud pretende establecer la prohibición de abandonar el país para Chávez Chino por un período de 12 meses, con el objetivo de garantizar su asistencia al proceso judicial oral que debe enfrentar en el Poder Judicial por este expediente.
El magistrado supremo provisional Campos Barranzuela recibirá este jueves las alegaciones de todas las partes procesales participantes, para posteriormente emitir su fallo respecto a la petición formulada por la representante del Ministerio Público en esta causa.
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Medidas restrictivas establecidas previamente
El 3 de septiembre pasado, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley determinó que la ex jefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, debe continuar el proceso penal bajo régimen de comparecencia con restricciones por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El magistrado estableció que Chávez Chino debe acatar las siguientes normas de comportamiento: prohibición de abandonar la localidad limeña sin autorización judicial previa, sometimiento a control biométrico semanal, además de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial o fiscal cuando sea convocada para cualquier diligencia procesal.
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Justificación judicial de las medidas
El juez supremo provisional Checkley Soria determinó que estas limitaciones restrictivas resultan adecuadas, indispensables y equilibradas para prevenir el riesgo procesal de fuga de Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra en proceso de juicio oral por este caso.
«Restricciones que resultan idóneas, en tanto permiten atenuar el peligro de fuga que se apreció al dictársele la prisión preventiva; necesarias porque no existe otra medida alternativa menos gravosa para sujetarla al proceso penal, y es una medida proporcional, porque considerando sus fines legítimos, permite asegurar la comparecencia al juicio oral, con una mínima afectación a la libertad personal», indicó el magistrado en su resolución.
El magistrado supremo provisional Juan Carlos Checkley especificó que estas limitaciones deben cumplirse bajo «apercibimiento» o «advertencia» de que cualquier incumplimiento resultará en la revocación de la medida de comparecencia aplicada a la ex primera ministra, según lo establece el artículo 287, inciso 3, del Código Procesal Penal.
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Antecedentes del caso judicial
De esta forma, el magistrado implementó lo dispuesto en el fallo emitido por el Tribunal Constitucional, que preservó su jurisdicción para dictar las medidas requeridas para asegurar la presencia de Betssy Chávez en las actuaciones judiciales vinculadas a dicho proceso penal. Esto ocurrió tras anular la resolución judicial emitida por su despacho el 27 de diciembre de 2024, que ordenaba la extensión del mandato de prisión preventiva contra la ex jefa del Gabinete Ministerial por haber sido dictada fuera del plazo legal establecido.
Betssy Chávez enfrenta un proceso judicial oral junto al expresidente Pedro Castillo y otros implicados por el intento fallido de golpe de Estado. En este caso, el Ministerio Público solicitó que se le imponga una condena de 25 años de cárcel al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en perjuicio del Estado.
Foto Andina