Este jueves 11 de septiembre, la Comisión Permanente del Parlamento examinará el documento final que propone el archivo de la acusación formulada por la Fiscalía contra la mandataria Dina Boluarte por los decesos ocurridos en las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
La acusación abarcaba también al exjefe del Gabinete Ministerial Pedro Angulo Arana y a los exministros Alberto Otárola (Defensa y PCM), César Cervantes Cárdenas (Interior), Jorge Chávez Cresta (Defensa), Víctor Rojas Herrera (Interior) y Vicente Romero Fernández (Interior).
Estas autoridades fueron señaladas por presuntas infracciones de omisión impropia, con dolo eventual, homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, tipificados en los artículos 108, 121 y 122 del Código Penal, respectivamente, dentro del marco de serias transgresiones a los derechos fundamentales.
Recomendación de archivo por falta de vinculación directa
El documento sugiere archivar la Denuncia Constitucional 509, presentada por el entonces fiscal nacional encargado, Juan Carlos Villena, debido a que no se estableció una conexión directa, intencional o que constituya infracción delictiva en el ámbito congresual.
Los acontecimientos se relacionan con las protestas desarrolladas en los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima, desde el 7 de diciembre de 2022 -fecha en que Boluarte tomó posesión- hasta el 9 de febrero de 2023, respectivamente.
De acuerdo con lo indicado por el Ministerio Público en su acusación, durante ese lapso se contabilizaron 44 víctimas mortales, además de 47 personas con heridas graves y 69 con lesiones menores.
En el reporte se establece que «no se ha acreditado que haya tenido control operativo ni conocimiento concreto de eventos de represión desproporcionada en tiempo real».
«No hay constancia de que haya recibido alertas específicas sobre posibles vulneraciones que omitiera atender», se indicó en el documento.
Otras denuncias constitucionales en evaluación
La Comisión Permanente incluye en su calendario adicionales reportes que sugieren archivar distintas acusaciones constitucionales interpuestas contra exfuncionarios de alto rango del Estado.
Se refiere a los exministros Alfonso Chávarry (Interior), señalado por el presunto delito de nombramiento o aceptación indebida de cargo público; Dimitri Senmache (Interior), acusado de presunta infracción al artículo 39 de la Constitución; y Óscar Ubillúz (Salud), por presunta infracción a los artículos 9 y 38 de la Carta Magna.
Del mismo modo, contra María Antonieta Alva (Economía y Finanzas) por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, y por presunta infracción del artículo 39 de la Constitución Política; y Jorge López Peña (Salud), por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado.
Agenda parlamentaria para definir casos pendientes
La sesión del jueves representa una oportunidad clave para que el Congreso se pronuncie sobre múltiples casos que han generado debate público y político en los últimos meses, definiendo el futuro procesal de estas investigaciones contra altas autoridades del Ejecutivo.
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