El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha manifestado la necesidad crítica de aprobar una moderna Ley de Telecomunicaciones, debido a que el marco normativo vigente no responde a los avances tecnológicos actuales.
El presidente ejecutivo encargado de Osiptel, Jesús Guillén, expresó a la Agencia Andina la importancia de concretar esta iniciativa legislativa en el corto plazo.
«Para nosotros es fundamental y estamos apoyando en todo lo que sea posible la nueva Ley de Telecomunicaciones que ojalá pudiese ser debatida y presentada en esta legislatura, o quizás en la próxima, lo cual tiene una ventaja porque nos deja tres meses para presentarla, debatirla y contribuir a la misma», declaró el funcionario.
Marco legal obsoleto frente a innovaciones digitales
Guillén enfatizó el respaldo institucional completo hacia esta propuesta de modernización normativa, considerándola esencial para el desarrollo sectorial de las próximas décadas.
«Presentamos nuestro total apoyo a este proyecto para que esta propuesta de nueva Ley de Telecomunicaciones salga a la luz y nos permita tener el faro en los próximos 20 años. Hay que cambiar la actual ley, definitivamente», añadió el directivo.
El representante de Osiptel argumentó que la normativa en vigor ha quedado rezagada ante la evolución tecnológica constante y las nuevas realidades del sector.
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«La actual Ley de Telecomunicaciones ya ha sido superada por las circunstancias y sobre todo por el cambio tecnológico», indicó Guillén.
Limitaciones regulatorias requieren solución urgente
El funcionario destacó que la modernización legal representaría un avance significativo para la gestión regulatoria del organismo supervisor.
«Para nosotros sería de gran alivio porque hay muchas regulaciones y candados dentro de una ley que ya resulta pasada de tiempo y que nos impide resolver adecuadamente algunos temas y problemas», puntualizó.
La normativa actual de telecomunicaciones data de 1991, establecida mediante el Decreto Legislativo 702. Su Texto Único Ordenado fue ratificado por Decreto Supremo 013-93-TCC, documento que ha experimentado múltiples modificaciones a lo largo de más de tres décadas.
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