Un grupo de 36 legisladores de diferentes fuerzas políticas impulsó una iniciativa de censura dirigida contra Juan José Santiváñez Antúnez, actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), argumentando carencias en términos de «falta de idoneidad, confianza y probidad» para desempeñar el cargo ministerial.
El texto de la iniciativa parlamentaria recuerda que Santiváñez ya había sido objeto de censura legislativa el 21 de marzo pasado, cuando ocupaba la cartera del Interior, debido a su «incapacidad para hacer frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana en el país» durante su administración en dicho portafolio.
La propuesta legislativa destaca que el funcionario afronta «graves procesos judiciales que comprometen su idoneidad para ejercer el cargo», incluyendo una investigación por el delito de tráfico de influencias agravado, proceso por el cual las autoridades judiciales le impusieron una restricción de viaje al exterior por un período de 18 meses.
Múltiples investigaciones en curso
Adicionalmente, el ministro enfrenta un proceso por abuso de autoridad vinculado a su anterior gestión en el Mininter, donde habría ejercido presión indebida contra un comunicador social, así como una denuncia constitucional tramitada en el Legislativo por presunta omisión en el deber de denuncia, al no reportar el uso de un automóvil estatal que habría facilitado la huida del exmandatario regional de Junín, Vladimir Cerrón.
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Los promotores de la censura también señalan su supuesta participación como «hombre clave» en una presunta red delictiva, cumpliendo la función de «articular redes de poder político y policial para direccionar contratos públicos, influir en ascensos y permanencias de generales de la Policía Nacional, proteger operaciones mineras ilegales y encubrir actos ilícitos en la administración pública».
«Se precisa que su doble rol, primero como ministro del Interior y luego como jefe de la Oficina de Monitoreo del Despacho Presidencial, habría sido decisivo para consolidar estos fines ilícitos. Esta condición de pieza central en una estructura delictiva revela una falta absoluta de idoneidad y probidad, constituyendo en ese sentido, fundamento suficiente para su censura parlamentaria», precisa.
Cuestionamientos a la designación ministerial
Los parlamentarios que respaldan la medida censora sostienen que el retorno de Santiváñez a un ministerio estratégico como el de Justicia y Derechos Humanos «no solo desconoce la sanción política previamente impuesta, sino que también erosiona la institucionalidad democrática al debilitar el control parlamentario sobre el Ejecutivo».
«La designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos constituye una vulneración abierta al espíritu de la censura parlamentaria, pues el Congreso ya le retiró la confianza en marzo de 2025 por su ineficacia frente a la inseguridad», mencionaron.
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Los legisladores argumentan que el control político ministerial representa un pilar fundamental del sistema democrático. «La responsabilidad ministerial puede entenderse como el ‘precio de la democracia’, pues los ministros solo pueden permanecer en el cargo mientras conserven la confianza política; y, una vez quebrada, su continuidad compromete la legitimidad del Estado ante la ciudadanía, debiendo en consecuencia prevalecer el principio democrático de renovación de las autoridades mediante el mecanismo constitucional de la censura», indicaron.
Foto Andina