El congresista Héctor Valer presentó un proyecto de ley que busca añadir un tercer párrafo al artículo 279-C del Código Penal, que propone sancionar hasta con 10 años con cárcel el uso de pirotécnicos o explosivos durante las protestas. La propuesta fue registrada el 24 de octubre de 2025, durante la Primera Legislatura Ordinaria del periodo 2025.
Congreso: proponen sancionar hasta con 10 años de cárcel a vándalos que usen pirotécnicos para atacar a policías
— Altavoz.pe (@altavozpe) October 27, 2025
La iniciativa establece penas de prisión para quienes utilicen artefactos pirotécnicos o explosivos como medios de agresión contra las fuerzas del orden o cualquier persona durante manifestaciones sociales. Según sus promotores, el objetivo de la medida es reforzar la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos.
No obstante, especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre la redacción ambigua del texto, señalando que podría abrir la puerta a la criminalización de la protesta ciudadana. Al ampliar la interpretación de lo que puede considerarse un ataque, se corre el riesgo de sancionar incluso manifestaciones pacíficas en las que se empleen fuegos artificiales, bengalas o petardos como expresión simbólica.
📣 ‼️ Congreso propone hasta 10 años de cárcel por usar pirotécnicos en protestas
El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, presentó un proyecto de ley que propone penas de cárcel para quienes utilicen explosivos.https://t.co/TII18bJ8j3
— Política y Economía La República (@Politica_LR) October 26, 2025
Analistas políticos han situado esta iniciativa dentro de una tendencia reciente del Congreso, orientada a endurecer las normativas contra las movilizaciones sociales, especialmente tras los conflictos ocurridos en 2023 y 2024. En este contexto, advierten que la propuesta podría reforzar el uso del poder punitivo como herramienta para limitar las expresiones de descontento social más que para garantizar la seguridad pública.
De ser aprobada, esta medida podría marcar un nuevo hito en el delicado equilibrio entre el orden público y los derechos ciudadanos. Mientras el Congreso defiende su implementación bajo argumentos de seguridad, diversos sectores sociales temen que se trate de un paso hacia la legitimación de mecanismos más represivos contra la protesta.
Texto: WSV
Foto: Captura de video
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