El mandatario José Jerí brindó declaraciones después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara que revelará su decisión respecto al permiso de tránsito seguro requerido para la extitular de la PCM, Betssy Chávez. La Cancillería realizará consultas con naciones miembros de la OEA, cuestionando que recientemente «el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos».
Durante un procedimiento operativo en Lima centro, el mandatario indicó ante los medios que la administración gubernamental aún no ha determinado una respuesta al requerimiento de tránsito seguro presentado por México. Sin embargo, aclaró que mientras no exista una resolución, la exjefa del gabinete ministerial Betssy Chávez tendrá que continuar en suelo nacional.
«Lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema del salvoconducto. Nosotros reconocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones y también sabemos los defectos que tiene el sistema internacional, por eso el Canciller ha hecho un pronunciamiento con la propuesta de modificar para que no se tergiverse la figura del asilo», expresó.
«Lo que se entiende es que no nos vamos a pronunciar en este momento sobre ello y en consecuencia, al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México. El efecto práctico es ese», declaró.
Ante preguntas sobre cuándo Perú comunicará su determinación respecto al permiso solicitado, Jerí Oré indicó que «no tenemos la obligación de decir que mañana o pasado, mientras tanto el efecto práctico es que no puede salir del país y en consecuencia está en la embajada y seguirá ahí, no podrá desplazarse, viajar a México, el tiempo que sea pertinente y que el Gobierno del Perú determine».
Previamente, mediante un comunicado oficial, Relaciones Exteriores detalló que en el marco del estudio del requerimiento mexicano para otorgar tránsito seguro a la exministra Chávez «se han efectuado no solo consultas internas, sino también con expertos juristas de la región».
Sobre este punto, señalaron que desde la firma del Convenio de Caracas en 1954 «se ha producido una evolución negativa» en el ejercicio internacional del refugio político. Indicaron que en diversos episodios de años recientes –no únicamente relacionados con Perú– «se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política».
«El Gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención, concebida para proteger a nacionales de los Estados Miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas. En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales», señalaron.
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Asimismo, el Ministerio expresó su desacuerdo «porque el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos, sino que, más bien, son procesados o incluso condenados por delitos comunes».
Tras este estudio, Relaciones Exteriores comunicó que presentará ante las naciones integrantes de la OEA «una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954 para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo».
«Oportunamente se dará a conocer el resultado de estas gestiones que se llevarán a cabo de manera muy urgente. Culminado este proceso, el Gobierno peruano tomará las decisiones que correspondan», especificaron.
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Recientemente, el titular de Relaciones Exteriores Hugo de Zela, durante una conversación exclusiva con RPP, proporcionó información sobre el estatus actual de la exjefa de gabinete Betssy Chávez, refugiada en la sede diplomática mexicana en Lima, circunstancia que provocó la ruptura diplomática peruana con México.
El canciller señaló que la solicitud de tránsito seguro presentada por la representación diplomática mexicana fue recepcionada el lunes pasado por la tarde, y que el ministerio continúa evaluando si la solicitud cumple con las normas internacionales.
«Ese es un tema que recién estamos empezando a analizar. Ese pedido lo hemos recibido ayer en la tarde y, por consiguiente, existe la necesidad de hacer los estudios jurídicos correspondientes para proceder a una respuesta», detalló.
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De Zela enfatizó que el país procederá según lo dispuesto en el Acuerdo sobre Refugio Diplomático de 1954, firmado en Caracas, Venezuela.
«Ese tratado impone obligaciones específicas. El Perú es un país respetuoso del derecho internacional y, por consiguiente, [vamos a] seguir haciéndolo. En consecuencia, se aplicará lo que dice ese tratado. Yo he pedido a nuestra área jurídica, a la consultoría jurídica de nuestra Cancillería que analice en profundidad la aplicación de ese tratado al caso específico que estamos tratando. Todavía no he recibido ese informe y, cuando lo reciba, ya estaremos en capacidad de tomar una definición», afirmó.
Foto Presidencia- Video TV Perú