QUITO.- Los ecuatorianos acuden este domingo a las urnas para votar en un referéndum y una consulta popular impulsados por el presidente, Daniel Noboa, con las que busca modificar el marco político y constitucional del país latinoamericano en aras de mayores herramientas para gobernar, y que incluyen la vuelta de las bases militares extranjeras al territorio, en un contexto de inseguridad que sitúa a Ecuador como el país más violento de la región.
Los votantes –el padrón electoral cuenta con cerca de 14 millones de personas en sus 24 provincias para las que el voto es obligatorio: mayores de 18 años y menores de 65– encontrarán en las papeletas cuatro preguntas (tres de referéndum y una de consulta popular). En el caso de que las propuestas se aprueben por esta vía, las decisiones son vinculantes y se vuelven obligatorias para el Estado.
La campaña del ‘Sí’ está liderada por el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) del presidente del país, Daniel Noboa, mientras el correísta Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de la oposición, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazan, junto a organizaciones sociales y sindicatos, las propuestas.
Mientras el presidente se ha mostrado «optimista» sobre el posible desenlace del proceso electoral, el correísmo denuncia que Noboa gasta millones de dólares en una convocatoria que califica de «distracción» y no genera soluciones. También ha defendido que la actual Constitución es «garantista» y «genera» un Estado de derecho que defiende a las minorías, y sostiene que el Gobierno pretende privatizar la educación y la sanidad.
Esta votación tiene lugar en un contexto de escalada de violencia sin precedentes en Ecuador, atribuida al avance del narcotráfico y los grupos criminales. Con la declaración de conflicto armado interno –con su consecuente estado de excepción en gran parte del territorio–, la designación de las bandas criminales como grupos terroristas no ha sido suficiente para reducir las tasas de homicidios.
Las operaciones conjuntas entre los militares y la Policía, pilar de la campaña de represión, no tuvo más que un éxito fugaz en 2024, pero el aumento de los asesinatos ha hecho que 2025 se haya convertido en el más violento de su historia, que afecta a la población civil que se ve atrapada entre grupos violentos que luchan por el control territorial.
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BASES MILITARES
La primera pregunta, identificada como casillero A, pregunta: ¿»Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?».
Este anexo señala que, si bien es «deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción», la situación de seguridad «requiere adoptar diversas estrategias en contra de las distintas modalidades de crimen organizado».
Esto implica el despliegue de tropas extranjeras en suelo ecuatoriano con el objetivo declarado de combatir la criminalidad, pero los oponentes a esta medida denuncian que compromete la soberanía del país, favorece intereses externos y no enfrenta las causas estructurales de la violencia. En particular, el Gobierno de Ecuador prevé que Estados Unidos instale dos bases en su territorio: en Manta y Salinas (oeste), aunque también ha confirmado conversaciones con Brasil para su cooperación en el ámbito de la seguridad.
De hecho, en las últimas semanas, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, visitó el país latinoamericano y recorrió junto a Noboa ambos lugares. En cuanto a Manta, ya albergó una base militar estadounidense –un puesto de operaciones de avanzada del Mando Sur– durante diez años, entre 1999 y 2009, momento en el que las autoridades ecuatorianas asumieron el pleno control de las instalaciones militares ubicadas en la costa del Pacífico.
Las bases militares extranjeras quedaron prohibidas por ley en 2008, bajo el mandato de Rafael Correa, pero ahora Ecuador se ha convertido de nuevo en uno de los principales aliados de Washington en la región. Los expertos apuntan a que la presencia estadounidense de entonces –vinculada a denuncias de violaciones de Derechos Humanos– no hizo que hubiera resultados determinantes en cuanto al decomiso de drogas.
ÁMBITO POLÍTICO: FINANCIACIÓN Y REDUCCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS
La segunda pregunta dice: «¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?», apuntando a que deberán financiarse con los aportes de sus afiliados y simpatizantes.
La tercera cuestión consulta si el votante está «de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se les elija de acuerdo con los siguientes criterios: diez asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional».
En la práctica, la eliminación de la financiación en periodos no electorales afectaría principalmente a los partidos más pequeños, que dependen de esos recursos para mantenerse activos fuera de los esos lapsos de tiempo, fomentando así un espectro político menor; mientras, la reducción de asambleístas concentraría el poder político y limitaría la pluralidad de voces en el Poder Legislativo.
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¿REESCRIBIR LA CONSTITUCIÓN?
En la última pregunta, la cuarta, se lee: «¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano (…) para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?».
La convocatoria de una Asamblea Constituyente supone el primer paso para reescribir la Constitución de 2008. En el caso de que la mayoría de ecuatorianos esté a favor, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá organizar una segunda cita en las urnas para que los propios votantes seleccionen a aquellas personas que estarán encargadas de redactar la nueva Constitución. Cuando termine de escribirse el nuevo texto, los ciudadanos deberán votar una tercera vez, en esta ocasión para decidir si aprueban la propuesta.
En el caso de que el resultado sea positivo será leído como un espaldarazo a la gestión de Noboa, por lo que se entiende como un referéndum. De hecho, al intentar deshacer algunas de las políticas heredadas de Correa –como la prohibición de tropas extranjeras o la actual Carta Magna– puede entenderse también como un sondeo sobre la opinión pública respecto del expresidente.
Esta cita en las urnas es el decimoquinto proceso de democracia directa a nivel nacional desde 1978: ocho presidentes han recurrido a estos mecanismos. El expresidente Rafael Correa (2007-2017) ha sido el mandatario que más convocatorias ha realizado, con cuatro. En esta ocasión es la segunda consulta que Noboa convoca desde que llegó al poder, puesto que en abril de 2024 realizó once preguntas sobre seguridad y reformas institucionales, donde ganó el ‘sí’ en nueve.
Europa Press