La audiencia sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Judicial contra la Ley 32330, que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal, es decir, ser procesados como personas adultas, fue programada por el Tribunal Constitucional (TC) para el martes 25 de noviembre.
Así lo informó la jueza suprema e integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, Elvira Álvarez Olazábal, en su intervención en el XII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y el XIV Encuentro Nacional de Presidentes de Cortes Superiores de Justicia, realizada en Huaraz.
“Esperamos un desenlace favorable, no para nosotros, sino para desterrar esos propósitos de populismo punitivo y dar la oportunidad a que el sistema de justicia juvenil especializado realmente recobre plena vigencia”, remarcó.
Asimismo, recordó que la Presidencia del Poder Judicial interpuso esta acción de inconstitucionalidad con el apoyo unánime de los integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Señaló que esta demanda ha sido acumulada a otras que interpusieron la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Ayacucho y la Fiscalía de la Nación, entidades que también consideran inconstitucional a la citada ley.
DESENLACE FAVORABLE
Álvarez Olazábal, además, informó que el TC ha admitido en calidad de amicus curiae (amigo del tribunal) al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp).
La magistrada explicó que la modificación legislativa realizada por el Congreso y el Ejecutivo es sustraer de esta especialidad juvenil a las y los adolescentes de 16 y 17 años para juzgarlas como personas adultas con el sistema procesal penal.
De igual manera, indicó que en la demanda presentada por el Poder Judicial se argumentó que la cuestionada ley atenta contra el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales.
“Esto es exigible al Estado porque hemos sido suscriptores y ratificado todo aquel instrumento de derechos fundamentales, desde el siglo XX hasta la actualidad”, remarcó.
En la demanda interpuesta, el Poder Judicial también señala que la ley en cuestión transgrede el artículo 4.° de la Constitución Política porque vulnera el derecho y el principio de protección especial a la niñez y adolescencia, así como el principio del interés superior del niño.
Además, la Ley 32330 desconoce a los adolescentes en conflicto con la ley penal como sujetos de derechos específicos que requieren un tratamiento jurídico especial y diferenciado.
Asimismo, el Poder Judicial cuestiona la referida ley porque vulnera el artículo 55.º y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución al desconocer las obligaciones internacionales que vinculan al Estado peruano en materia de derechos humanos y, en particular, de derechos del niño y adolescente, entre otras infracciones constitucionales.
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IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO
La magistrada también señaló que la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, el cual fue promulgado en el año 2017, ha sido sucesivamente reprogramada.
“Hasta ahora solo tenemos una sección que permite verificar las medidas socioeducativas, pero eso no es suficiente, por o, los cronogramas de implementación requerían presupuestos sólidos para poder implementar en todo el país”, indicó.
Álvarez Olazábal también comentó cifras hasta agosto de este año del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) sobre adolescentes infractores de la ley penal del sistema cerrado y abierto.
Señaló que dentro de todo el sistema hay en total 3520 adolescentes, de los cuales 1914 están en el sistema cerrado y 1606 en libertad (Sistema de Orientación al Adolescente).
Asimismo, expresó que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta julio de este año, hay 71 adolescentes de 16 y 17 años que están encarcelados junto con adultos, aunque dijo que otras fuentes señalan que hay más de 100.
“Entonces, evidentemente, en estos adolescentes hay un estigma que los va a privar de oportunidades como un baldón en la vida”, alzó su voz Álvarez Olazábal, quien tuvo a su cargo la conferencia “Acceso a la justicia de adolescentes en conflicto con la ley penal: análisis jurídico de la justicia juvenil restaurativa en el Perú”, en los encuentros antes indicados.
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