La reciente alusión realizada por el presidente José Jerí a la «Teoría de las Ventanas Rotas» reintroduce en el debate nacional una doctrina criminológica clásica, pero controvertida, justo cuando el Perú atraviesa su crisis de extorsión más aguda. Para un analista político, invocar esta teoría —popularizada por Wilson y Kelling en los 80— no es solo un llamado al orden, sino una declaración de principios sobre la gestión de la seguridad: sugiere que la incapacidad del Estado para controlar las «incivilidades» menores (vandalismo, comercio informal desregulado, infracciones de tránsito) ha creado el ecosistema perfecto para que florezcan el sicariato y el crimen organizado.
🚨 De la incivilidad al crimen organizado
En el contexto peruano, la «ventana rota» no es simplemente un vidrio fracturado; se traduce en la ocupación ilegal de espacios públicos, el caos del transporte informal y la microcomercialización de drogas a vista y paciencia de la autoridad. La tesis planteada sugiere que la impunidad ante estas faltas administrativas envía una señal de ausencia de control que los grupos criminales, como el ‘Tren de Aragua’ o ‘Los Pulpos’, interpretan como una luz verde para operar. Bajo esta óptica, la lucha contra la extorsión no empezaría únicamente con inteligencia policial de alto nivel, sino con la recuperación del principio de autoridad en la esquina del barrio, sancionando desde la falta más leve.
Sin embargo, la aplicación de esta teoría en el Perú enfrenta una distorsión estructural significativa. A diferencia de la Nueva York de Giuliani, donde se contaba con una fuerza policial robusta y financiada, en el Perú la línea que separa la informalidad de la ilegalidad es difusa y, a menudo, tolerada por necesidad económica. Criminalizar las «faltas menores» sin un sistema de justicia célere podría saturar aún más las comisarías y fiscalías, desviando recursos críticos que deberían destinarse a desarticular las cabezas de las organizaciones criminales, generando un efecto placebo de seguridad sin atacar la raíz del problema.
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📉 El desafío institucional y el riesgo social
El punto más crítico de aplicar esta doctrina en la realidad nacional radica en la legitimidad de quien repara la «ventana». La teoría exige una fuerza del orden impoluta; no obstante, cuando la ciudadanía percibe que la corrupción ha penetrado la institucionalidad policial y judicial, la imposición de «mano dura» ante delitos menores puede ser interpretada como abuso de autoridad o criminalización de la pobreza, en lugar de restablecimiento del orden. El riesgo político para figuras como Jerí o el Ejecutivo es que esta estrategia, mal implementada, detone conflictos sociales en sectores vulnerables donde la presencia del Estado es, paradójicamente, represiva pero no asistencial.
Finalmente, el debate de fondo que propone esta declaración es si el Perú está preparado para transitar de una política reactiva a una preventiva basada en el entorno. La «Teoría de las Ventanas Rotas» funciona bajo la premisa de la vergüenza social y el control comunitario; pero en una sociedad fragmentada, donde la desconfianza interpersonal es la norma, reparar la infraestructura física o sancionar al infractor menor es insuficiente. La verdadera «ventana rota» en el Perú es el contrato social, y sin repararlo, cualquier medida de tolerancia cero podría terminar siendo insostenible en el tiempo, convirtiéndose en un eslogan político más que en una solución técnica.
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