PJ rechaza apelación de Nicanor Boluarte y confirma allanamientos por el «Caso Ícaro»

shadow

 

El Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Nicanor Boluarte, confirmando así las medidas de allanamiento, incautación y levantamiento de secretos bancario, tributario y de comunicaciones dictadas en su contra en el marco del «Caso Ícaro». En esta investigación, se le vincula con una presunta organización criminal.

La resolución fue emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, respaldando de manera íntegra lo emitido por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria. Este documento, fechado el 24 de noviembre de 2025, señala que las medidas adoptadas cumplen los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, propios de la etapa preliminar del proceso.

 

 

Si bien Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, no figura como imputado formal en esta investigación, la Sala precisó que su condición de “tercero vinculado” no lo excluye del alcance de medidas coercitivas cuando hay indicios razonables que sugieran participación o beneficios obtenidos en los hechos objeto de investigación.

 

 

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el exministro del Interior Juan José Santiváñez habría facilitado un arraigo laboral ficticio a favor de Boluarte para impedir una eventual prisión preventiva. Este supuesto se habría sustentado en un contrato con la empresa Minas El Dorado S.A. La Fiscalía sostiene que Santiváñez formaría parte de una estructura destinada a encubrir operaciones ilícitas bajo un esquema de protección.

 

 

El fallo judicial también detalla que Boluarte es investigado en una carpeta fiscal conexa, donde se le atribuye el liderazgo de una presunta red criminal. La Sala enfatizó que este vínculo se encuentra respaldado por testimonios, grabaciones de seguridad, registros de ingreso y diversa documentación que apunta a una posible coordinación entre los implicados.

 

 

La defensa de Boluarte cuestionó la suficiencia de las pruebas presentadas y planteó dudas sobre la proporcionalidad del allanamiento y el levantamiento de sus secretos bancario, tributario y de comunicaciones. Además, criticó que dichas medidas estarían sustentadas en declaraciones no corroboradas. No obstante, el tribunal señaló que en esta etapa del proceso no se exige una prueba plena, sino únicamente una sospecha razonable. Según el tribunal, los elementos expuestos por la Fiscalía cumplen con este criterio.

 

Texto: WSV
Foto: Poder Judicial
Video: Twitter Canal N

 

 

También puede ver:

 

 

Crisis en frontera con Chile: los policías no pueden contener el ingreso de migrantes