WASHINGTON.- Desde la capital estadounidense, Donald Trump lanzó este lunes un anuncio que reconfigurará la arquitectura regulatoria de la tecnología: emitirá una orden ejecutiva para centralizar todo control sobre Inteligencia Artificial, eliminando la capacidad de los cincuenta estados para normar esta industria. El movimiento es directo, sin matices: Washington gobernará IA en todo el territorio nacional.
El argumento presidencial es geopolítico y económico simultáneamente. Trump sostiene que fragmentación regulatoria mata competitividad global frente a China. Publicó en Truth Social frases destinadas a Silicon Valley: «Debe haber un único manual si queremos seguir liderando en inteligencia artificial». La amenaza es explícita: «La IA será destruida en su infancia» si se permite que estados «actores negativos» impongan reglas inconsistentes.
Este movimiento marca una escalada sin precedentes en captura regulatoria. No es únicamente centralismo ejecutivo, sino subordinación de interés público a presión corporativa donde gigantes tecnológicos califican qué regulación es «negativa». Silicon Valley presiona desde poder presidencial para eliminar todo obstáculo normativo.
⚙️ La maquinaria del control federal
Según reportes del sitio The Hill, Trump creó un grupo de trabajo que monitoreará leyes estatales sobre IA para denunciarlas ante cortes federales. La estrategia es sofisticada: no elimina regulaciones directamente, sino invalida mediante litigio como inconstitucionales. Además existe amenaza económica: cortar acceso a fondos federales para banda ancha a estados que resistan.
David Sacks, asesor presidencial especializado en criptomonedas e inteligencia artificial, lidera esta cruzada de desregulación. Detrás de él, como ejecutores de política pública, están Sam Altman de OpenAI y Jensen Huang de Nvidia. Estos ejecutivos convirtieron sus preferencias comerciales en doctrina presidencial. Huang expresó ante Congreso: «Regulación estatal detendría esta industria y crearía problema de seguridad nacional».
Actualmente circulan más de 1.000 proyectos legislativos sobre IA en congresos estatales. Algunos buscan proteger privacidad laboral, otros regulan sesgo algorítmico o impacto en mercados de trabajo. Para la industria, estas iniciativas son obstáculos. Para defensores de regulación, son medidas de protección regulatoria contra tecnologías que transforman empleo, educación y derechos.
🏛️ El conflicto federalista que despunta
Esto dispara batalla constitucional inminente. El decreto enfrenta «oposición política y legal intensa», según fuentes estadounidenses. Los demócratas desconfían porque una ausencia de regulación significa ausencia de protecciones laborales y de privacidad. Los republicanos locales ven usurpación ejecutiva de poderes históricamente reservados a estados.
La amenaza de congelar fondos federales es coerción política explícita. Estados progresistas como California, Nueva York y Massachusetts tenían legislaciones incipientes sobre IA. Trump básicamente ordena: obedezcan o pierdan financiamiento para infraestructura digital. Es flexión de poder ejecutivo que cuestiona separación de poderes.
📊 Lo que desaparece del debate: el costo humano
Encuestas indican que existe preocupación sobre el impacto de la IA en el mercado laboral que crece aceleradamente, especialmente entre personas jóvenes. El temor a contracción de oportunidades de empleo está estadísticamente documentado. Pero centralizar regulación eliminando protecciones estatales intensifica exactamente esa vulnerabilidad para las generaciones futuras.
La Inteligencia Artificial no surgió de la nada: la herencia griega de la lógica y la razón
Trump apela a la seguridad nacional y a la competencia contra China. Hay verdad parcial: desalineamiento regulatorio puede ralentizar adopción. Pero la pregunta incómoda es: ¿seguridad de quién? ¿De trabajadores cuyo empleo se automatiza? ¿De comunidades con sesgo algorítmico invisible? ¿O de capitalización bursátil de Nvidia y OpenAI?
Lo que sigue: el decreto será expedido esta semana según Trump. Enfrentará un litigio inmediato de estados y organizaciones defensoras de regulación. Los demócratas argumentarán la ausencia de protecciones laborales y de privacidad. Los republicanos locales cuestionarán concentración de poder ejecutivo. Los abogados constitucionalistas debatirán si el gobierno federal puede prohibir regulación estatal sobre tecnología.
La Inteligencia Artificial como espejo: 10 lecciones sobre el futuro y ser humano
Mientras tanto, más de 1.000 proyectos legislativos estatales quedarán en limbo. La tensión entre velocidad de innovación y protecciones ciudadanas permanecerá sin resolver. Para estudiantes de periodismo y comunicación, este caso ilustra cómo decisiones tecnológicas no son meramente técnicas, sino profundamente políticas.
Foto Europa Press