La Contraloría General de la República identificó a siete exfuncionarios y exservidores de la Unidad Ejecutora 037 – Perú Seguro 2025 del Ministerio del Interior (Mininter) que generaron un perjuicio económico de S/ 574 830 por irregularidades cometidas en la implementación del contrato de adquisición de cámaras corporales (bodycams) y dispositivos masivos de carga (dockers), para policías de comisarías del programa Barrio Seguro, tales como ampliaciones de plazo indebidas y sin sustento, inaplicación de penalidades y contrataciones fraccionadas que beneficiaron al proveedor.
Mediante contrato 019-2022/IN/PS2025 para la “Adquisición de bodycam y dockers adicionales, para la plataforma de gestión de cámaras corporales HD (Bodycam) fuera de línea para comisarías de Barrio Seguro” se realizó la compra 216 bodycams y 3 dockers, por la suma de S/ 3 100 002.30 a un proveedor privado.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento 035-2025-2-0282-AC, de la revisión de los documentos vinculados a dicho contrato se pudo advertir que el director ejecutivo, el jefe de administración, el jefe de asesoría jurídica, el responsable del área de adquisiciones, un especialista de adquisiciones, el coordinador del componente I y un analista del Componente 1 del programa Perú Seguro 2025 participaron en la gestión y emisión de la enmienda 3 que dio un plazo adicional de 50 días calendario para concretar el entregable 3, consistente en el traslado, instalación y puesta en funcionamiento de los bodycams y dockers.
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Sin embargo, no correspondía otorgar esa ampliación de plazo debido a que la solicitud se presentó a los tres días de vencido el plazo establecido en el contrato y también se realizó sin el sustento respectivo, ya que los hechos citados por el contratista carecían de veracidad. De esta manera, estos hechos incumplieron lo establecido en las condiciones especiales del contrato 019-2022/IN/PS2025 sobre la aplicación de penalidades diarias, así como los plazos establecidos en la enmienda 2 y otras normativas internas.
En ese sentido, los auditores de Contraloría determinaron que se aprobó una ampliación indebida del plazo contractual y no se aplicó la penalidad incurrida por la demora injustificada en la entrega de las prestaciones, liberando al contratista de la aplicación de una penalidad por S/ 310 000.23 en perjuicio del Mininter.
Compras fraccionadas
La auditoría de la Contraloría también evidenció que el director ejecutivo, el jefe de la oficina de administración y el responsable de adquisiciones de Perú Seguro 2025 participaron en la autorización, emisión y ejecución de ocho órdenes de servicios de forma fraccionada para realizar los servicios de instalación de puntos de red, puntos de energía eléctrica y repisa en 75 comisarías de la Policía Nacional del Perú.
Sin embargo, ello no tomó en cuenta que dichos trabajos y/o actividades formaban parte de las obligaciones del contratista de las bodycam, tal como está establecido en las especificaciones técnicas del contrato de dichos equipos y del cual los citados funcionarios y/o servidores tenían pleno conocimiento en diversos documentos suscritos por cada uno. Esta situación inobserva los alcances del contrato 019-2022/IN/PS2025, así como los numerales sobre especificaciones técnicas y la solicitud de ofertas de bienes.
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Estos hechos ocasionaron el desembolso de S/ 264 830 en perjuicio del Ministerio del Interior y que fue originado debido al accionar voluntario de funcionarios y servidores de Perú Seguro 2025 que participaron en la autorización, emisión y ejecución de ocho órdenes de servicio de forma fraccionada para realizar trabajos y/o actividades que formaban parte de las obligaciones del contratista.
La comisión de control determinó presunta responsabilidad civil en siete funcionarios y servidores de Perú Seguro 2025, de los cuales cinco también tienen responsabilidad administrativa por los hechos. Asimismo, el informe plantea siete recomendaciones al ministro del Interior cuyo propósito es coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de decisiones y en el manejo de sus recursos.
También se recomendó a la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior a iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos observados por la Contraloría, mientras que al órgano instructor se recomendó realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores de Perú Seguro 2025 de acuerdo a su competencia.
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