Poder Ejecutivo anuncia ley que obligará al Estado a pagar a víctimas de las extorsiones

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El Gobierno ha anunciado que en los próximos días pondrá en marcha la reglamentación de la Ley 32490, la cual establece mecanismos para que el Estado ofrezca compensaciones económicas a las empresas de transporte afectadas por casos de extorsión. Esta medida forma parte del plan de acción contra el crimen organizado e incluye apoyo financiero destinado a la «reactivación y recuperación» de dicho sector.

La legislación contempla que las empresas perjudicadas tendrán acceso a exoneraciones temporales, clasificadas como beneficios económicos, así como a créditos blandos gestionados por el Banco de la Nación. También se prevé que el Estado proporcione compensaciones económicas y seguros estatales en casos de pérdida de vehículos o fallecimiento de trabajadores a consecuencia de actos relacionados con extorsión y sicariato.

El acceso a estos beneficios no será inmediato, ya que la norma exige verificar los daños mediante informes emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) u otras autoridades competentes. El financiamiento necesario provendrá de un fondo especial alimentado por bienes muebles e inmuebles confiscados al crimen organizado, principalmente relacionados con delitos de extorsión y sicariato.

Sin embargo, este esquema levanta ciertas dudas. Los bienes incautados son gestionados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y posteriormente subastados para generar recursos, lo que implica que, en última instancia, los fondos podrían provenir indirectamente de los ciudadanos. Además, la ley no detalla qué sucederá si el costo del daño supera los recursos obtenidos mediante estos bienes confiscados.

Por su parte, José Jerí informó que el reglamento estará listo a más tardar el sábado 17 de enero. En un encuentro con transportistas en San Juan de Lurigancho, reconoció la insuficiencia de la respuesta estatal y asumió responsabilidades por la demora en la elaboración del marco reglamentario. «Máximo el sábado tienen que estar los reglamentos de la ley», afirmó.

De esta forma, el Gobierno reconoce su fracaso en la lucha contra los extorsionadores. Su solución es compensar a las víctimas. En la reunión con los transportistas tampoco se refirió a las lamentables declaraciones del premier Ernesto Álvarez, quien señaló que el paro de transporte tiene intereses políticos, ignorando los constantes ataques de la delincuencia.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

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