El gobierno liderado por José Jerí, cuya administración es objeto de controversias, ha publicado finalmente la reglamentación de la ley Nº 32490, conocida como la “Ley contra la extorsión”. Este esfuerzo busca abordar los elevados índices de delitos de este tipo que afectan a empresas y trabajadores del sector de transporte público. Sin embargo, la normativa incluye un apartado que ha generado debate, ya que contempla la recuperación financiera para las víctimas, implicando que el Estado, y con ello la ciudadanía, asuma parte del costo generado por estos delitos.
Peruanos pagarán por extorsiones a transportistas: Gobierno de José Jerí crea un fondo de recuperación económica y reparación de daños https://t.co/WJWM2PMQnQ
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De acuerdo con el Decreto Supremo N° 009-2026-PCM, emitido el 18 de enero, serán el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía los encargados de desarrollar un fondo dedicado al “apoyo financiero postdelito y reparación integral”. Esto significa que las víctimas recibirán asistencia económica del Estado, bajo un esquema que se financiará con recursos del presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas. En consecuencia, los fondos públicos, que provienen de los impuestos recaudados entre los peruanos, también se destinarán a cubrir indemnizaciones para quienes sean afectados por extorsiones.
#Peru reglamenta ley para luchar contra extorsión y sicariato
La nueva ley contempla acciones de “prevención, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica». (mg)
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Dentro del marco de las denominadas “medidas extraordinarias” contra la extorsión, la ley impulsada por el gobierno de José Jerí dispone la creación de un “fondo de riesgo y garantía estatal” orientado a proteger a las unidades de transporte público y de carga frente a amenazas o agresiones. En este contexto, el reglamento divulgado recientemente deja en claro que su propósito principal es sufragar la reactivación de los servicios impactados por acciones extorsivas.
Sobre la forma en que se repararán los daños, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá implementar un programa denominado “Ruta Segura Restablecida”. Esta iniciativa no se enfoca en el fortalecimiento preventivo de la seguridad para las unidades, sino en la recuperación de los perjuicios ocasionados. Esto abarca desde infraestructura afectada (como estacionamientos o vehículos dañados) hasta equipamiento perjudicado por las acciones delictivas.
📌Gobierno reglamentó ley contra delitos de extorsión y sicariato en el transporte público.
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Uno de los aspectos destacados es una diferencia clave entre la Ley Nº 32490 y su reglamento: mientras que la normativa general establecía que el fondo destinado a estas acciones estaría compuesto por bienes muebles e inmuebles incautados a organizaciones criminales vinculadas a la extorsión y el sicariato, con los cuales se daría compensación a las víctimas, el reglamento evita detallar cómo se convertirán estos bienes en capital disponible para realizar las restituciones económicas.
En consecuencia, surge una interrogante importante: qué sucederá si el valor total de los daños excede los bienes confiscados al crimen organizado. Bajo estas circunstancias, es incierto cómo se cubrirá el déficit para financiar completamente la recuperación de las víctimas. Esto abre un cuestionamiento sobre la sostenibilidad del mecanismo planteado y sus posibles repercusiones en las arcas públicas.
Texto: WSV
Foto: Composición
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