La Defensoría del Pueblo manifestó su oposición a la clausura de la playa Agua Dulce determinada por la Municipalidad de Chorrillos. El organismo invocó a la gestión local asegurar que los ciudadanos puedan ingresar libremente a este entorno natural y solicitó que el municipio asuma sus funciones de limpieza y cuidado de forma directa.
Mediante un pronunciamiento oficial, la entidad remarcó que los balnearios son activos de dominio público y su uso no puede ser limitado para los habitantes. Bajo esa premisa, señaló que la tarea de mantener estas zonas en buen estado no debe recaer solamente en quienes las visitan.
Aunque la institución admitió que proteger el ecosistema y gestionar los desechos son objetivos válidos, alertó que prohibir el paso total a un espacio público es una acción excesiva. Para la Defensoría, debieron buscarse opciones menos drásticas que unan la ecología con el respeto a las libertades básicas.
🏖️ Un derecho constitucional que no se puede restringir
«En ese contexto, la Defensoría del Pueblo considera que el cierre de la playa Agua Dulce vulnera el derecho constitucional al uso y disfrute de espacios públicos, así como el principio de autoridad y responsabilidad que corresponde a la administración municipal en materia de salubridad y gestión ambiental», sentenció la información.
La entidad mencionó que, según el artículo 194 de la Carta Magna y la Ley 26856, las playas peruanas son bienes que pertenecen a todos, son inalienables y su entrada debe ser gratuita. Asimismo, recordó un fallo del Tribunal Constitucional (Expediente 03640-2021-PHC/TC) que prohíbe limitaciones sin fundamento o exageradas en estos lugares.
La administración de Chorrillos estableció, bajo la Resolución de Alcaldía 001-2026-MDCH/ALC, el bloqueo del balneario para este domingo 15 de febrero de 2026. Su argumento principal fue la gran cantidad de basura acumulada y las malas conductas de los bañistas. Según el municipio, a pesar de sus intentos preventivos “no se ha logrado un cambio de conducta” en el público.
🚮 El municipio debe limpiar y no culpar a los visitantes
Para la Defensoría, este argumento traslada la carga legal del ayuntamiento hacia la gente, usando el cierre como un castigo o método educativo. No obstante, recordó que la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) obliga a los gobiernos distritales a controlar la higiene y fiscalizar la contaminación en sus costas, siendo esta una labor que no pueden evadir.
Por tal motivo, se pidió anular la resolución restrictiva por ser desmedida. En su lugar, se recomendó crear un plan serio para recoger residuos, colocar más depósitos y sancionar de verdad a quienes ensucien. Se mencionó que la basura en zonas como Vista Alegre de Villa se debe más a la falta de camiones recolectores que a la gente.
Finalmente, el organismo advirtió a la Policía Nacional que su rol es cuidar la seguridad y no impedir el paso a bienes públicos por fallas en la gestión edil. De no seguirse estas sugerencias, la Defensoría tomará medidas legales, aunque mantiene su apertura para hallar soluciones que unan la limpieza con el derecho ciudadano.
Foto Andina- Video TV Perú