La Subsecretaría General del Despacho Presidencial decidió no cubrir los gastos de defensa legal de la expresidenta Dina Boluarte relacionados con las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía de la Nación investiga este caso bajo la acusación de que Boluarte habría aumentado injustificadamente su patrimonio en contraste con sus ingresos oficiales entre marzo y diciembre de 2024, cuando desempeñaba el cargo.
Tras evaluar la solicitud de la exmandataria, junto con el análisis de la Oficina General de Asesoría Jurídica y lo estipulado en la disposición fiscal, se concluyó que no había relación entre los hechos investigados y el ejercicio habitual de sus funciones como Presidenta. Según se detalla, el supuesto delito se vincularía exclusivamente con el incremento patrimonial a nivel personal, sin estar directamente relacionado con las competencias, decisiones o atribuciones propias del cargo presidencial.
En este sentido, el documento oficial establece que, tras la revisión realizada por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se resolvió no proceder con el beneficio de defensa ni brindar asesoría legal para cubrir los costos del patrocinio requerido por Dina Boluarte.
El Despacho de la Presidencia declaró improcedente la solicitud de defensa y asesoría legal presentada por Dina Boluarte en su calidad de expresidenta ⬇️ pic.twitter.com/jUDqtzyibM
— Sofía López (@SofiaLopezLl) February 18, 2026
Sin embargo, en contraste, la Subsecretaría General aprobó el financiamiento de la defensa de Boluarte en relación con otras cuatro investigaciones. Una de ellas aborda el presunto delito de falsedad genérica en el denominado Caso Cirugías. Según los argumentos fiscales, se acusa a Boluarte de alterar intencionadamente la verdad en actos oficiales, firmando disposiciones protocolarias durante un periodo en el que, según pruebas médicas y testimonios de profesionales de salud, estaba físicamente imposibilitada debido a reposo postoperatorio. Este período habría contemplado su estadía en la Clínica Cabani y posteriormente en su domicilio entre finales de junio y principios de julio de 2023.
Otra investigación involucra las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. En estos casos, se le imputan supuestos delitos como lesiones leves y lesiones graves.
El Despacho de la Presidencia de la República declaró improcedente la solicitud de defensa y asesoría legal presentada por Dina Boluarte en su calidad de expresidenta. El pedido se enmarca en una investigación por presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado… pic.twitter.com/Q7TQ7EBV0M
— Canal N (@canalN_) February 18, 2026
Un tercer caso también está relacionado con las manifestaciones que derivaron en fallecimientos durante su mandato, bajo la acusación de lesiones leves. En cuanto al cuarto caso, se le señala por presunto delito de cohecho. La tesis fiscal indica que Boluarte habría participado directa o indirectamente en el bloqueo o interrupción de investigaciones fiscales relacionadas con personas cercanas a su entorno. Se mencionan coordinaciones con asesorías destinadas a obstaculizar investigaciones efectuadas por el Eficcop.
Además, se le atribuye haber procurado archivamientos de procesos fiscales tanto en su contra como en el caso de su hermano Nicanor Boluarte, como parte de un supuesto acuerdo previo. En este contexto, se señala que la fiscal de la Nación podría haber influido en decisiones fiscales favorables a Boluarte, y como parte del presunto acuerdo, habría ocurrido la destitución del jefe de la Sunat mediante una Resolución Suprema.
Texto: WSV
Foto: Composición
Video: Twitter Canal N
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