Balcázar fue pieza clave del fujicerronismo para inicio del control de las instituciones

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Keiko Fujimori ha manifestado su rechazo a la elección de José Balcázar como nuevo presidente del Perú, calificando este hecho como una señal del regreso de la izquierda radical al poder. Sin embargo, dichas críticas pierden consistencia al considerar los hechos recientes relacionados con Balcázar, quien fue una figura clave en el controversial pacto entre Fuerza Popular y Perú Libre, un acuerdo que permitió influir en instituciones clave para el sistema democrático peruano.

 

 

Tribunal de la impunidad

El momento más destacado de esta alianza se dio cuando Balcázar estuvo al frente de la comisión especial del Congreso encargada de seleccionar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC). Este proceso marcó el inicio de una serie de decisiones orientadas al control político de instituciones fundamentales, como la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En ese contexto, Balcázar lideró un concurso público que careció de transparencia plena, evidenciada, entre otras cosas, por la opacidad en los reportes de Contraloría sobre los candidatos, lo que llevó al Tribunal de Transparencia a remitir el caso al Ministerio Público. Sin embargo, la investigación no prosperó debido a que el fiscal Carlos Villena archivó el asunto.

 

 

Paralelamente, un panel internacional de juristas respaldado por la sociedad civil señaló que el proceso adolecía de graves fallos, como la falta de transparencia y la limitada participación ciudadana. Además, durante la votación final en el pleno del Congreso para elegir a los magistrados del TC, la entonces presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, excluyó a la prensa y llevó a cabo las votaciones sin debate público. Esto resultó en un Tribunal Constitucional compuesto en su mayoría por magistrados allegados a los intereses del fujimorismo, incluidos Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia y Gustavo Gutiérrez Ticse, así como César Ochoa Cardich y Helder Domínguez Haro. Entre todos ellos, únicamente Manuel Monteagudo ha mantenido cierta independencia respecto a Fuerza Popular.

El control conseguido por este renovado TC permitió decisiones polémicas, como el indulto ilegal a Alberto Fujimori y el blindaje judicial hacia Keiko Fujimori en el caso conocido como los «cocteles», además de anular una sentencia contra Vladimir Cerrón. Este tipo de acciones refuerza la percepción pública de un «fujicerronismo», representado en esta consolidación de poder.

 

 

Defensoría fujicerronista

Tras tomar el control del TC, la alianza entre Keiko Fujimori y Perú Libre también avanzó con el nombramiento de Josué Gutiérrez —abogado cercano a Waldemar Cerrón— como defensor del pueblo. Sin experiencia comprobada en derechos humanos, su designación fue posible gracias al voto mayoritario en el Congreso, incluyendo 23 votos por parte de Fuerza Popular. Este fue otro paso más en el proceso para dominar organismos clave dentro del sistema judicial peruano.

 

JNJ del denominado «pacto»

Finalmente, el pacto político impulsó la reestructuración de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Bajo la dirección de Josué Gutiérrez, fueron elegidos miembros igualmente vinculados a los intereses partidarios del Congreso. La captura de esta instancia permitió decisiones como el controvertido retiro de Delia Espinoza, exfiscal de la Nación conocida por su resistencia ante las presiones fujimoristas. Todo este entramado comenzó con José Balcázar presidiendo la comisión especial responsable del Tribunal Constitucional, reflejando su papel instrumental en atender los intereses de Keiko Fujimori y su partido político.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

 

 

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