El sistema judicial ha ratificado una restricción de 30 meses para que Miguel Ángel Marín Morón, conocido bajo el alias de «Negro Marín«, no pueda abandonar el territorio nacional. El Ministerio Público confirmó que esta decisión se enmarca en las indagaciones por presunta extorsión, homicidios y pertenencia a una red criminal.
La medida fue gestionada por el Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, bajo la dirección del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco. Esta resolución llega poco después de que el investigado fuera extraditado desde España, país donde permanecía bajo custodia desde el año pasado.
🕵️ Un historial delictivo bajo la lupa fiscal
Según las tesis fiscales, «Negro Marín» cumplía funciones de lugarteniente en la banda delictiva «Los Sanguinarios de la Construcción», grupo al que se le atribuyen actos violentos y sicariato en Lima y el primer puerto.
El pasado 7 de febrero, el Ejecutivo dio luz verde al pedido de extradición de Marín Morón, atendiendo la propuesta del Ministerio de Justicia. Su captura original se produjo en noviembre de 2025 en España, gracias a una operación conjunta entre la Policía Nacional del Perú y especialistas en ciberdelincuencia de Madrid, activada mediante una alerta roja internacional.
El Ministerio del Interior sostiene que el detenido operaba en puntos críticos como el emporio de Gamarra, el mercado Unicachi y Las Malvinas. Sus víctimas principales habrían sido choferes, artistas y dueños de negocios, todos bajo la sombra del cobro de cupos.
Concretan la extradición de “Negro Marín” por organización criminal
⚖️ Nexos criminales y control del proceso judicial
Las pesquisas policiales vinculan a este personaje con figuras del hampa como Erick Moreno Hernández, apodado «El Monstruo», con quien habría mantenido una fuerte rivalidad. Del mismo modo, se le señala como un colaborador cercano de Adam Lucano Cotrina, alias «El Jorobado», quien actualmente purga condena en prisión por extorsión a gremios empresariales.
Con esta orden de arraigo, el Estado intenta garantizar que el procesado no eluda la acción de la justicia mientras se desarrollan las audiencias y diligencias restantes. Las autoridades enfatizan que los cargos de lesiones graves y sicariato son los pilares de este complejo caso penal.
Foto Andina