MADRID. El Hospital Universitario Sheij Ragheb Harb de la ciudad libanesa de Tul, en el sur del país, ha denunciado este jueves «graves daños» ocasionados por un ataque militar de Israel contra un edificio contiguo a sus instalaciones, que ha afectado a varias de sus unidades.
En un comunicado, la dirección del centro hospitalario ha expresado su «condena» del ataque. «Como resultado el bombardeo provocó graves daños en las instalaciones del hospital, incluido el departamento de cuidados intensivos, además de casos de asfixia entre pacientes y personal que fueron atendidos de inmediato», ha informado.
El propio hospital ha señalado que el ataque constituye una «flagrante violación de las leyes internacionales», así como una «amenaza directa» para los pacientes y el personal médico. Por ello, ha pedido a las autoridades oficiales y a las organizaciones internacionales que «actúen con urgencia» y trabajen en la protección de las instituciones sanitarias, para asimismo garantizar la seguridad de los trabajadores médicos.
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«Reafirmamos nuestra continuidad en el desempeño de nuestra misión humanitaria a pesar de todos los desafíos», ha recalcado la dirección del hospital libanés.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha reclamado este mismo jueves a Israel que ponga fin a sus ataques contra instalaciones médicas, trabajadores sanitarios y equipos de emergencia.
La subdirectora de la ONG para Oriente Próximo y Norte de África, Kristine Beckerle, ha sostenido que «Israel está empleando la misma táctica letal que utilizó en Líbano en 2024 para asesinar a decenas de trabajadores sanitarios y devastar los servicios de salud».
«Las investigaciones previas de Amnistía Internacional destacaron cómo el Ejército israelí llevó a cabo repetidamente ataques ilegales contra centros de salud y personal sanitario durante la escalada de 2024, y exigimos que estos ataques se investigaran como crímenes de guerra», ha dicho.
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ATAQUES LANZADOS «SIN PRESENTAR PRUEBAS»
Así, ha subrayado que «el Ejército israelí también ha atacado repetidamente y de forma ilegal centros de salud y equipos médicos en Gaza, como parte de un patrón más amplio de devastación de servicios esenciales». «Aún no se ha exigido responsabilidad ni reparación por estas violaciones, y ahora vemos de nuevo a trabajadores sanitarios muertos y heridos», ha lamentado.
Beckerle ha subrayado que «los trabajadores sanitarios están arriesgando la vida para salvar a otros, mientras que hospitales, instalaciones médicas y ambulancias están protegidas de forma específica bajo el Derecho Internacional Humanitario», antes de argüido que «presentar acusaciones afirmando que las instalaciones sanitarias y las ambulancias son usadas con fines militares sin presentar pruebas no justifica tratar hospitales, centros médicos y transportes sanitarios como campos de batalla y tratar a doctores o paramédicos como objetivos».
«Bajo el Derecho Internacional Humanitario, las partes en conflicto deben garantizar que distinguen entre objetivos militares y objetivos civiles», ha manifestado Beckerle, quien ha hecho hincapié en que «»los hospitales y los transportes sanitarios solo pierden su protección si se utilizan para actos que se consideran ‘perjudiciales para el enemigo’, e incluso entonces, solo pueden ser atacados después de que una advertencia que dé tiempo suficiente para la evacuación de pacientes y personal sea ignorada».
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Por ello, ha reseñado que «en caso de duda sobre si las instalaciones médicas están siendo usadas para contribuir a actividades militares, debe asumirse que no lo están siendo». «Un ataque contra un centro médico que haya perdido su estatus de protección debe ajustarse a las normas sobre precauciones, distinción y proporcionalidad, y considerar cuidadosamente los efectos adversos que el ataque a instalaciones médicas tiene sobre los civiles, los enfermos y los heridos», ha explicado.
En esta línea, ha reiterado que los civiles «no pierden su estatus de protección solo por su afiliación» y ha agregado que «por tanto, los ataques directos contra personal médico y los que trabajan en protección civil solo porque trabajan para instituciones asociadas con Hezbolá está estrictamente prohibido».
«Atacar de forma deliberada a personal médico que desempeña funciones humanitarias constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y podría considerarse un crimen de guerra», ha alertado, al tiempo que ha remarcado que «todas las partes deben cumplir con su obligación legal de proteger en todo momento a los civiles, al personal médico, a los pacientes y a la infraestructura sanitaria». «La protección de la atención sanitaria no es opcional; es una norma ineludible en tiempos de guerra», ha apostillado.
Europa Press