El Ministerio Público anunció que analiza posibles consecuencias legales tras las fallas en el desarrollo de los comicios generales. El examen se centra en los errores de gestión y en la protección de los documentos de votación en varias zonas de la capital.
Alfonso Barrenechea, quien coordina las Fiscalías de Prevención del Delito, reportó que se identificaron demoras al abrir las mesas, inconvenientes en el reparto de insumos y grietas en los protocolos de vigilancia, situaciones que entorpecieron la votación.
🗳️ Retrasos y problemas logísticos detectados
“Han habido serias deficiencias operativas por parte de ONPE, lo que ha generado evidentemente un retraso en el material electoral”, precisó.
Además, la institución recibió reportes sobre anomalías en la captura y transporte de las actas en jurisdicciones como Pachacámac, San Juan de Miraflores y Lurín. Por este motivo, se estudia derivar los casos a las instancias penales pertinentes.
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“El día de ayer el Ministerio Público ha tomado nota de todas las deficiencias que se han podido apreciar con motivo de los hechos en Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores”, sostuvo.
Respecto al arresto de un trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el vocero aclaró que la acción se debe a la supuesta falta de cumplimiento en sus deberes. No se descarta que la indagación involucre a más directivos.
“Se ha procedido la detención en flagrancia del señor José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, por el delito de omisión o demora de actos funcionales”, indicó.
⚖️ Posibles penas de cárcel para responsables
Barrenechea mencionó que también se indaga un presunto pacto ilícito en la elección de la compañía de logística. Dicha empresa, al parecer, no disponía de los recursos necesarios para la tarea asignada.
“Se va a establecer si además de este acto de negligencia habrá un acto doloso y por tanto con consecuencias penales”, remarcó.
La Fiscalía advirtió que, de probarse los cargos, las sanciones podrían alcanzar los siete años de cárcel, sobre todo si se vulneró la voluntad popular o se manipuló inadecuadamente el material.
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“Podría ser una pena grave que podría inclusive llevar una pena efectiva […] por lo menos de 7 años”, afirmó.
Finalmente, las autoridades confirmaron que el equipo de fiscales seguirá vigilando que el movimiento y resguardo de las ánforas se ajusten estrictamente a la normativa vigente.
Foto Fiscalía