ONPE elimina sistema STAE en segunda vuelta tras fallas presentadas y crisis electoral

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha decidido prescindir del uso de la herramienta digital STAE en la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 7 de junio, en respuesta a las críticas tras las fallas técnicas registradas durante la primera jornada electoral.

La decisión fue formalizada a través de una resolución emitida por el exjefe del organismo, Piero Corvetto, poco antes de su renuncia, presentada el pasado 21 de abril. De acuerdo con este documento, el nuevo plan operativo excluye la utilización del sistema STAE en Lima y Callao, regiones que concentran a más de 8 millones de votantes.

 

 

El sistema había sido introducido el 12 de abril como parte de una estrategia para modernizar el proceso electoral, con el propósito de acelerar la elaboración de actas y reducir posibles observaciones. Sin embargo, diversos problemas se hicieron evidentes durante su implementación, como la falta de contraseñas para acceder al sistema, impresoras sin tinta y otras fallas logísticas.

Estos inconvenientes desataron fuertes críticas y desencadenaron un acalorado debate sobre la capacidad del sistema para garantizar un proceso electoral eficiente y transparente en un contexto crucial para la democracia en Perú.

 

 

Ante este panorama, se ha decidido regresar al conteo manual en Lima y Callao, lo que implica que los miembros de mesa deberán completar a mano las actas de instalación, sufragio y escrutinio. Posteriormente, estos documentos serán trasladados a los centros de cómputo para su procesamiento, lo que podría resultar en una demora en la publicación de los resultados finales.

Fuentes cercanas al proceso electoral señalaron que el objetivo inicial era reducir errores a través de la digitalización, aunque las múltiples fallas eventualmente obligaron a un cambio de estrategia.

 

 

Esta decisión coincide con las investigaciones abiertas contra Piero Corvetto, cuya vivienda fue allanada por la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de una indagación por presuntos delitos de colusión y omisión de funciones. El operativo, autorizado por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, incluyó el decomiso de dispositivos electrónicos y la intervención en propiedades pertenecientes a funcionarios públicos y a la empresa Galaga.

Este escenario no hace más que agravar la crisis institucional que atraviesa el sistema electoral peruano en un momento decisivo para el país.

 

 

Texto: WSV
Foto: ONPE

 

 

 

 

 

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