CNDDHH: Fiscalía de DDHH debe asumir el caso de los 5 muertos abatidos por FFAA

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La muerte de cinco personas abatidas por efectivos del Ejército en un operativo antidrogas en Colcabamba, Huancavelica, mientras se desplazaban en una camioneta, debe ser investigada por una Fiscalía de Derechos Humanos y no por una fiscalía común. Así lo demandó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entidad que sigue de cerca este caso.

Carlos Rodríguez, abogado de la Coordinadora, señaló que la información disponible evidencia un uso excesivo de la fuerza. Según sostuvo, las circunstancias en torno a la muerte de los ocupantes del vehículo configuran una ejecución extrajudicial.

 

 

Rodríguez enfatizó que existen normas específicas, como un manual de intervención militar, que regulan el uso de armas de fuego en situaciones de este tipo. Añadió que, si los militares hubieran estado bajo una amenaza inminente y legítima, la utilización proporcional de la fuerza sería justificable. Sin embargo, insistió en que ese no fue el caso.

El abogado también destacó que las operaciones relacionadas con el narcotráfico son competencia de la Policía Nacional, quedando el Ejército como apoyo complementario. No obstante, en esta intervención no estuvo presente ningún agente policial, aunque sí se encontraba una fiscal en el lugar. Tras los hechos, esta funcionaria solicitó apoyo a la comisaría local para custodiar la escena y proceder a la detención de ocho militares implicados.

 

 

Rodríguez cuestionó la forma en que se hizo uso de las armas. Según explicó, si el vehículo no se detenía tras recibir una orden, se podrían haber disparado a las llantas en lugar de apuntar directamente a quienes estaban en su interior. Además, afirmó que evidencia difundida a través de redes sociales muestra que incluso hubo disparos dirigidos hacia la cabeza de las víctimas.

De acuerdo con el representante de la Coordinadora, el uso de armas fue claramente desproporcionado. Hasta donde se sabe actualmente, no existen pruebas de que las personas dentro del vehículo hubieran disparado o representado una amenaza con armas de fuego.

 

 

En esa línea, Rodríguez aseguró que la actuación de la patrulla militar durante la madrugada del sábado 25 de abril careció de criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad.

Finalmente, en un comunicado público, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó que lo sucedido requiere una investigación a fondo para determinar si el uso de la fuerza se ajustó a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Además, instaron al Estado a adoptar garantías efectivas para prevenir la repetición de estos hechos en el futuro.

 

 

Texto: WSV / Red de Medios Regionales
Foto: Composición
Video: Twitter Mireya CH / Twitter Epicentro.TV / Twitter SinVergüenzas 2.0

 

 

 

 

 

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