Diversas organizaciones civiles han solicitado la anulación de la elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación, argumentando que el proceso estuvo marcado por serias irregularidades jurídicas. Entre las principales observaciones destaca la participación de Patricia Benavides en la votación de la Junta de Fiscales Supremos, a pesar de estar suspendida en el ejercicio de la abogacía por decisión del Colegio de Abogados de Lima.
El documento presentado señala que dicha elección estaría viciada, ya que Benavides emitió su voto durante una sesión celebrada mientras estaba cumpliendo una sanción disciplinaria que le prohibía ejercer durante seis meses. Según la denuncia, este hecho impactaría directamente en el quórum, la legitimidad de la sesión y, en consecuencia, la validez del acto administrativo general.
EXIGIMOS LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN DEL FISCAL DE LA NACIÓN TÓMAS GÁLVEZ POR GRAVES VICIOS DE LEGALIDAD https://t.co/jrZb6dz7cB
— IDL (@Ideele) April 28, 2026
La solicitud, que busca reconsiderar la Resolución Nº 012-2026-MP-FN-JFS, mediante la cual se designó al nuevo titular del Ministerio Público, fue interpuesta por Fomento de la Vida (FOVIDA), una organización integrante del Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC) de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Cruz Silva, abogada y especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL), consultada sobre el tema, expresó que los cuestionamientos planteados son de suma relevancia, ya que afectan principios fundamentales para cualquier decisión estatal. Según Silva, el respeto a la competencia válida, el objeto lícito y el procedimiento regular son pilares esenciales para garantizar tanto la legitimidad como la legalidad de un acto administrativo.
Sin legalidad, no hay justicia. ⚖️
Exigimos la nulidad de la elección de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación. El proceso está viciado por la participación y voto ilegal de Patricia Benavides, quien se encuentra suspendida de su ejercicio profesional.
No podemos permitir que… pic.twitter.com/sGIxjDpafk
— CNDDHH 🇵🇪 #ConsensoPorLosDDHH (@cnddhh) April 28, 2026
La experta aclaró que cuando estos elementos no se cumplen, la sanción jurídica es inevitable. En su opinión, la falta de una competencia válida, la violación del objeto lícito y el incumplimiento del procedimiento adecuado conducen necesariamente a que la decisión sea declarada nula. Precisó además que las resoluciones emitidas por la Junta de Fiscales Supremos constituyen actos administrativos y, como tales, están obligadas a cumplir con estos requisitos legales.
En términos concretos, el reclamo se centra en que alguien imposibilitado legalmente para ejercer como abogado no podría participar de manera legítima en el proceso de designación de la más alta autoridad del Ministerio Público. Esto pone en entredicho no solo el procedimiento, sino también las garantías de transparencia y legalidad que rigen dichas decisiones.
Texto: WSV
Foto: Difusión
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