La Comisión de Constitución del Parlamento peruano dio luz verde a una propuesta que integra los delitos de lesa humanidad en el Código Penal. Sin embargo, su redacción actual limitaría el procesamiento judicial de crímenes cometidos antes de que el Estatuto de Roma entrara en vigor en el país.
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esta iniciativa representa una caída drástica en el acceso a la verdad y la justicia. La institución sostiene que la normativa intenta otorgar beneficios de prescripción a quienes cometieron abusos sistemáticos contra los derechos fundamentales.
🔎 Impacto en los compromisos internacionales
Para la organización, catalogar estos actos como delitos comunes ignora los principios globales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Afirman que esta medida debilita el deber del Estado de indagar y castigar casos de desapariciones y ejecuciones fuera de la ley.
Además, el organismo alerta que la norma pone en riesgo la posición de Perú ante la comunidad internacional. Esto genera una sensación de total desamparo en los afectados, mientras se insiste en que la memoria histórica y la justicia no deben tener fecha de caducidad.
Comisión de Constitución aprueba proyecto de lesa humanidad que favorece impunidad
⚖️ El debate sobre la retroactividad penal
La postura de los grupos civiles subraya que las agresiones contra la población civil no son delitos ordinarios, dada su planificación y magnitud. Advierten que el fin último de este cambio legal es cerrar juicios vigentes contra antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, los promotores de la ley en el Congreso defienden que la meta es alinear las normas locales con el principio de legalidad. Argumentan que no es posible aplicar retroactivamente una calificación jurídica que no estaba presente en la ley nacional antes de su ratificación oficial.
📅 El límite temporal del 2002
El documento legislativo estipula que los hechos ocurridos previo al año 2002 no recibirán la etiqueta de lesa humanidad. Esto se basa en el año en que se ratificó el Estatuto de Roma en Perú, lo que obligaría a que tales procesos sigan los tiempos de prescripción comunes del código penal.
Esta restricción temporal es el punto crítico de la controversia, ya que dejaría fuera de la justicia especial a numerosos casos emblemáticos del periodo de violencia interna, remitiéndolos a la justicia penal convencional y sus plazos de vencimiento.
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