Un reciente informe elaborado por la Contraloría General de la República señala que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) habría incurrido en un proceder administrativo dilatorio, lo que retrasó la imposición de sanciones a Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del sistema afectado.
La emergencia se registró en el kilómetro 43 del ducto principal de Camisea, en el distrito cusqueño de Megantoni. La deflagración obligó a suspender las operaciones durante catorce días, desencadenando una crisis energética que impactó el suministro de gas natural vehicular y la generación eléctrica en varias regiones del país. Ante la seriedad de la situación, el Gobierno decretó el racionamiento del gas y priorizó el consumo interno para mitigar la afectación.
Mientras miles de usuarios sufrían las consecuencias del desabastecimiento, en las dependencias del MINEM comenzaba otra historia.
El órgano de control emitió un informe de orientación de oficio sobre un hecho vinculado a la rotura del ducto que transporta gas de Camisea durante parte de marzo. https://t.co/Xh737aU4wD
— Diario Gestión (@Gestionpe) June 2, 2026
De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N° 011-2026-MINEM/OCI-00, aunque TGP notificó la ocurrencia del incidente, no cumplió con un punto clave de su contrato de concesión: formalizar dentro de las 72 horas posteriores al hecho que se trataba de un caso de fuerza mayor. Este incumplimiento no era un simple detalle técnico; invocar dicha figura es esencial para que las concesionarias puedan justificar incumplimientos contractuales y evitar sanciones. Sin esa declaración oficial, TGP quedaba expuesta a penalidades por no garantizar la capacidad mínimamente establecida.
En lugar de tomar acciones rápidas, la Dirección General de Hidrocarburos optó por solicitar aclaraciones a TGP cuando ya se había superado el plazo estipulado en el contrato e incluso el servicio había sido reanudado. La Contraloría señala que esta actuación ocasionó un retraso innecesario en la aplicación de sanciones.
¿Que sucede en Perú?
El domingo 1 de marzo 2026 explotó una fuga gigante en el ducto de gas Camisea (TGP) en Megantoni, Cusco. Hay suspensión TOTAL del transporte de gas natural y GLP.
Gobierno declaró EMERGENCIA NACIONAL hasta el 14 de marzo. Causas bajo investigación. pic.twitter.com/5Rhk37CRit— enerTyi (@enerTyia) March 5, 2026
El órgano fiscalizador fue contundente al destacar que el MINEM pidió a TGP aclarar si había invocado la figura de fuerza mayor incluso sabiendo que el plazo ya había expirado sin cumplir las condiciones requeridas por el contrato. Esta solicitud, según el informe, terminó postergando la aplicación oportuna de las penalidades correspondientes.
Más aún, los informes técnicos elaborados por Osinergmin enfatizan la gravedad del caso: TGP falló al no proporcionar el flujo de gas estipulado entre el 1 y el 13 de marzo, además de ocasionar que la disponibilidad anual del sistema cayera por debajo del 99 %, lo cual viola las condiciones mínimas establecidas en el contrato BOOT.
#Réplica | Sin gas hasta el 14 por fuga en Camisea.
Estamos en vivo https://t.co/LMFyfeCAyY pic.twitter.com/7GyY9LE8qF
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) March 3, 2026
La responsabilidad por esta falta no debería ser atribuida únicamente a decisiones técnicas o administrativas. El ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechán, como principal responsable político del sector, tendrá que rendir cuentas sobre por qué no se implementaron las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento contractual por parte de la concesionaria. Asimismo, el presidente interino, José María Balcázar, no puede eximirse del escrutinio público ni desligarse de un hecho que comprometió gravemente la seguridad energética nacional. Cuando una crisis con este nivel de impacto afecta a millones de ciudadanos, las responsabilidades traspasan meramente lo técnico y alcanzan a las máximas autoridades encargadas de liderar una respuesta gubernamental efectiva.
Las consecuencias fueron sustanciales. Durante los catorce días que duró la emergencia se dejaron de transportar más de 980 millones de pies cúbicos de gas natural, impactando tanto el consumo nacional como los compromisos internacionales de exportación. El contrato establece penalidades económicas asociadas a fallas como esta, calculadas tomando como referencia el volumen no transportado, la tarifa base y el tiempo en que se interrumpió el servicio.
Fuga de gas en Camisea desata crisis energética en Perú
Tras casi dos semanas de interrupciones en el suministro de gas natural, el Gobierno peruano asegura que el servicio quedará plenamente restablecido este sábado en Lima, el Callao y el resto del país. La crisis comenzó a… pic.twitter.com/p2pUXDrGk0
— DW Español (@dw_espanol) March 13, 2026
Sin embargo, una duda persiste: si las obligaciones contractuales estaban claramente definidas, ¿por qué el Estado demoró tanto en poner en marcha los mecanismos pertinentes para sancionar este incumplimiento? La Contraloría ha instruido al ministerio a implementar medidas correctivas y preventivas. Y pese a que los plazos para dar respuestas parecen haberse agotado, queda una pregunta fundamental: cuando una concesionaria incumple y se enfrenta una crisis energética, ¿debería priorizar el Estado hacer valer los contratos o buscar argumentos para prolongar su inacción?
Texto: WSV / Lima Gris
Foto: Composición
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