El sector Cultura de La Libertad oficializó una acusación judicial ante la Fiscalía en contra de cinco ciudadanos, y los que resulten implicados, debido a los daños irreparables ocasionados al geoglifo «Triple Espiral». Esta pieza arqueológica del arte en roca se localiza en el sector protegido Quebrada Santo Domingo, dentro de la jurisdicción de Laredo, en Trujillo.
Sandra Barrantes, quien se desempeña como subdirectora de la entidad regional de cultura, ratificó que el trámite legal se consolidó en las últimas horas del día de ayer, inmediatamente después de finalizar las evaluaciones técnicas en el sitio perjudicado.
🛑 Intervenciones previas y daño patrimonial
«El 9 hicimos una intervención porque denunciaron que aproximadamente a 20 metros del geoglifo se habían instalado unas casetas. Acudimos con la municipalidad y la Policía y retiramos esas instalaciones. Lamentablemente, el día de ayer, nos comunicaron la destrucción del Triple Espiral. Acudimos otra vez con la Policía y corroboramos la destrucción», relató.
La portavoz especificó que el daño patrimonial se ejecutó a mano, empleando herramientas agrícolas para desenterrar y dispersar los elementos rocosos que componían la milenaria figura.
Barrantes mencionó que en las acciones previas del pasado 9 de junio, los efectivos policiales de la delegación de Laredo consiguieron registrar la identidad de cinco individuos. Por este motivo, el Ministerio de Cultura los incorporó de forma oficial en la acusación legal.
De acuerdo con el reporte fiscal, los ciudadanos sometidos a investigación penal son Lhenin Prado Zavaleta, Jaime Benites Ruiz, Fernando Calderón López, José Zambrano Mendoza y Hermán Zelada Mendoza.
De igual manera, las autoridades evalúan agregar a más personas a la carpeta judicial, entre las que figura Manuel Francisco Sánchez Ávalos, quien asegura ser propietario de los terrenos que mantienen la condición legal de intangibles bajo la tutela de la nación peruana.
📜 Indagaciones sobre documentos y tráfico de tierras
Por otra parte, Sandra Barrantes comunicó que requirió formalmente al municipio de Laredo verificar la autenticidad de un papel que exhibieron las personas instaladas el 9 de junio. El manuscrito indicaba que Sánchez Ávalos poseía un aval de posesión otorgado por dicho gobierno local.
«El documento tiene el diseño actual, pero es de una fecha anterior, además es emitido por una institución que no tiene competencia, serias dudas que deben ser aclaradas de manera oficial por la entidad», puntualizó.
En el desarrollo de los hechos, trascendió que el propio Manuel Francisco Sánchez Ávalos entabló una demanda civil contra los delegados del Ministerio de Cultura. El ciudadano argumenta un supuesto perjuicio a sus bienes raíces privados tras el desmontaje de los módulos temporales que colocó en el perímetro arqueológico restringido.
Para finalizar, la funcionaria instó a la población a mantenerse alerta frente a las agrupaciones dedicadas a la venta ilegal de terrenos que intentan apropiarse de las zonas históricas, las cuales poseen protección jurídica del Estado de forma permanente.
Fotos Andina