La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha aprobado una nueva directiva que establece la prohibición del uso de correos institucionales por parte de los trabajadores de entidades públicas para registrarse en redes sociales, páginas de compras, plataformas de apuestas o foros de entretenimiento que no estén relacionados con sus funciones laborales.
Además, se prohíbe emplear estas cuentas de correo institucional con fines personales o comerciales, para realizar propaganda política, enviar correos no deseados (spam) o compartir contraseñas con terceros.
#PCMInforma | 🔒💻 La PCM aprobó nuevas disposiciones para proteger la información oficial del Estado y promover un uso más seguro y responsable de las cuentas institucionales en las entidades públicas. 🇵🇪
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La normativa también sugiere evitar la propagación de rumores, bromas o cualquier contenido ofensivo que pueda perjudicar la reputación de terceros o generar un ambiente laboral inapropiado. De igual modo, restringe el uso del correo institucional para enviar o almacenar música, videos, software u otros materiales que puedan infringir derechos de autor o estar asociados con actividades fraudulentas.
En aras de robustecer la seguridad digital en las entidades públicas, la directiva propone implementar mecanismos progresivos destinados a prevenir el robo de información, fraudes cibernéticos y casos de suplantación de identidad. Entre las medidas destacadas se incluyen el bloqueo automático de correos electrónicos sospechosos que puedan comprometer la seguridad de los sistemas institucionales.
💻 La nueva directiva que regula el servicio de correo electrónico institucional en el Estado establece que las cuentas oficiales no deben utilizarse para registrarse en redes sociales, páginas de compras, plataformas de apuestas o foros de entretenimiento.
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) June 16, 2026
Asimismo, se contempla la implementación de herramientas como la doble autenticación para acceso a los correos desde redes externas, el establecimiento de políticas para el uso de contraseñas seguras y la realización recurrente de copias de seguridad.
La ejecución de estas disposiciones tendrá un carácter progresivo, ajustándose a las capacidades técnicas y presupuestales de cada institución pública. Los poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales, las universidades públicas y las empresas estatales dispondrán de un plazo máximo de 12 meses para adaptar sus sistemas a los nuevos requerimientos.
Para los gobiernos locales, los períodos de implementación variarán entre 18 y 36 meses, dependiendo de sus capacidades operativas y tecnológicas.
🔴 La norma recomienda no difundir rumores ni contenido ofensivo, y prohíbe compartir material que vulnere derechos de autor o esté vinculado a actividades ilegales.https://t.co/UswRzpYWRz
— TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) June 16, 2026
Texto: WSV
Foto: Difusión
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