Volvimos a los 90: Congreso aprueba otra ley pro crimen que blinda a policías y militares

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Otra ley pro crimen genera polémica en su aprobación. El Congreso de la República, en segunda votación, dio luz verde a un proyecto de ley que dispone que los presuntos delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en ejercicio de sus funciones sean exclusivos del Fuero Militar Policial.

Con 52 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones, el proyecto recibió el respaldo necesario para su avance legislativo. La autógrafa será enviada al despacho presidencial para su promulgación o, eventualmente, observación en un plazo de 15 días hábiles. De no ser observada por el presidente José María Balcázar, la norma se publicará oficialmente en el diario El Peruano. Entre las bancadas que mayoritariamente apoyaron esta iniciativa destacan Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso.

 

 

El texto aprobado redefine los «delitos de función» cuando son atribuidos a policías y militares, trasladando su procesamiento y juicio del ámbito del Poder Judicial al del Fuero Militar Policial. Según la normativa, los delitos de función incluyen cualquier acto ilícito presuntamente perpetrado en el ejercicio de sus deberes o durante estados de emergencia.

De aplicarse esta ley, casos recientes de abusos policiales y militares, como homicidios ocurridos en protestas o la reciente muerte de un menor en la comisaría de Manchay, quedarían fuera del alcance del Poder Judicial y pasan a manos del Fuero Militar Policial.

 

 

El documento señala además que la Corte Suprema podrá definir la competencia a favor del Fuero Militar Policial «cuando se trate de delitos cometidos por personal de las FFAA y la PNP en funciones operativas, en actos de servicio o que guarden relación con la preservación de bienes jurídicos esenciales para sus instituciones”.

Una disposición complementaria de la ley ordena archivar de manera definitiva procesos judiciales relacionados con estos casos, siempre que no exista una sentencia firme. Además, anula medidas coercitivas impuestas sobre los procesados y exime el pago de reparaciones civiles que se hubieran dictado previamente.

 

 

La ley ha generado críticas entre diversos sectores. La parlamentaria Flor Pablo expresó su oposición al proyecto, calificándolo como un incentivo a la impunidad. “Esta ley consagra el abuso; da vía libre a malos policías que, respaldados por el fuero militar, podrán actuar con desmesura y sin miedo a las consecuencias. Es un golpe a los derechos ciudadanos”, declaró.

Por su parte, Edgard Reymundo, representante del Bloque Democrático Popular, también cuestionó la iniciativa al considerar que erosiona aún más la confianza pública. “Es imperativo restablecer la confianza ciudadana. En lugar de proteger a quienes cometen excesos, este Congreso debería encabezar iniciativas democráticas al servicio del pueblo. No es tiempo de perpetuar sistemas que promuevan impunidad”, manifestó, haciendo un llamado a la reflexión dentro del Legislativo.

La ley genera un profundo debate en la opinión pública por las implicancias que podría tener en casos controvertidos y por su impacto en cuestiones de justicia y rendición de cuentas.

 

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

 

 

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