Lesa humanidad: fujimorismo modifica Código Penal en contra del derecho internacional

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Fuerza Popular logró que el Pleno del Congreso aprobara, de manera apresurada, el dictamen de un proyecto de ley que modifica el Código Penal para incorporar delitos de lesa humanidad. Esta enmienda ha desatado un debate intenso, ya que diversos sectores advierten sobre el riesgo de que facilite la impunidad para militares y policías implicados en conductas indebidas.

En la misma sesión, se dio luz verde a otros proyectos de ley enfocados en redefinir el delito de función y establecer sanciones más rigurosas para miembros de las fuerzas armadas y policiales que colaboren con organizaciones delictivas, entre otros aspectos.

 

 

El dictamen obtuvo 63 votos a favor en una primera votación, gracias al respaldo mayoritario del partido fujimorista, y propone actualizar el Código Penal, específicamente el Decreto Legislativo 635, para «alinearlo» con los principios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Según Arturo Alegría, presidente de la Comisión de Constitución e impulsor del dictamen junto con Fernando Rospigliosi, ambos miembros de Fuerza Popular, esta iniciativa busca «honrar» los compromisos internacionales asumidos por el Perú tras la ratificación del Estatuto y responde a diversos pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional.

 

 

No obstante, los cambios propuestos han generado preocupación en algunos sectores jurídicos. Aunque el Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad como actos cometidos contra una población civil en el marco de un ataque generalizado o sistemático, el proyecto introduce nuevas condiciones y restricciones.

Por ejemplo, estipula que dichos crímenes deben tener como objetivo una población civil determinada por motivos como origen, raza, religión o cultura, excluyendo otras posibles interpretaciones. Asimismo, incluyen las definiciones de «ataque generalizado» y «ataque sistemático», exigiendo que estos impliquen una conducta cometida de manera masiva, frecuente o a gran escala. Esta visión contrasta con la del Estatuto de Roma, que permite considerar incluso un único acto inhumano de magnitud extraordinaria como crimen de lesa humanidad.

 

 

Otro aspecto controvertido es la exigencia adicional de probar la existencia de un plan previamente organizado y de una política gubernamental explícita respaldada por recursos logísticos y vinculada a las fuerzas armadas o policiales. Según el Estatuto de Roma, basta demostrar que los actos surgen en el marco de una política de Estado para acreditar su sistematicidad, sin requerir la existencia comprobable de una estructura organizada específicamente para llevarlos a cabo.

 

 

Por último, una disposición incluida en el dictamen establece que se considerará “población civil” únicamente a grupos humanos que no formen parte de un conflicto interno o externo. En consecuencia, miembros de las fuerzas armadas o la policía no podrían ser considerados víctimas en posibles casos relacionados con crímenes de lesa humanidad. Esto ha ampliado las críticas en torno al alcance y las intenciones detrás del proyecto.

 

 

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, este texto será sometido a una segunda votación luego de transcurrir siete días calendario. Se prevé que esta votación ocurra en la Comisión Permanente donde, gracias a su mayoría parlamentaria y la alianza con otros grupos políticos, Fuerza Popular tendría los votos necesarios para ratificar esta controvertida reforma. La eventual aprobación del proyecto intensifica las preocupaciones sobre sus implicaciones legales y el potencial riesgo de perpetuar escenarios de impunidad en el país.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición
Video: Twitter Epicentro.TV / Twitter Exitosa Noticias

 

 

 

 

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