CNDDHH se pronuncia contra persecución en PJ: «Sin jueces libres no hay democracia»

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se ha manifestado en torno a las medidas adoptadas contra funcionarios del Poder Judicial y jueces supremos. Recientemente, la Junta Nacional de Justicia decidió iniciar procesos disciplinarios contra magistrados que ejercieron el control difuso, un mecanismo que les permite no aplicar una ley si consideran que va en contra de la Constitución.

La organización declaró que la apertura de estos procedimientos contra jueces supremos, quienes en su independencia aplicaron la Constitución y los estándares internacionales sobre derechos humanos, representa un serio precedente para el Estado Constitucional de Derecho.

 

 

Entre los afectados por estos procesos se encuentran los magistrados Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez, quienes no aplicaron la Ley Nº 32107 en un caso judicial ligado a las esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori. De igual forma, se han iniciado procesos contra jueces como Richard Concepción Carhuancho y Jorge Chávez Tamariz.

 

 

El comunicado expresa que ningún juez debería ser investigado o sancionado por el contenido de sus resoluciones cuando estas se basan en el orden jurídico nacional y las obligaciones internacionales de Perú.

Además, la Coordinadora cuestionó la ley que establece que policías y militares deben ser juzgados por el fuero militar-policial en ciertos casos. Según la organización, esta legislación podría generar impunidad y agravar futuras violaciones de derechos humanos.

 

 

La Coordinadora destacó que esta situación ocurre junto a la aprobación de normas que inconstitucionalmente amplían la competencia del fuero militar-policial, desvirtuando su carácter excepcional. Esto permite que casos que deberían ser juzgados por la justicia ordinaria, especialmente aquellos ligados a presuntas violaciones de derechos humanos, puedan ser transferidos a una jurisdicción sin garantías de independencia e imparcialidad.

Finalmente, la organización instó a respetar la independencia judicial como un pilar esencial de una sociedad democrática. Afirma que sin jueces libres de presiones políticas, no hay tutela judicial efectiva, igualdad ante la ley ni democracia.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

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