Congreso blinda a Patricia Benavides otra vez: SAC archiva denuncia pese a pruebas

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El panorama político y judicial otra vez está envuelto en un escándalo, tras la polémica decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. En una resolución que ha generado serias dudas sobre la fiscalización del poder, el grupo parlamentario decidió archivar el caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La investigación se centraba en un presunto intercambio de favores ilícitos con José María Balcázar, actual presidente interino de la República, durante su tiempo como legislador en 2023.

 

 

La denuncia constitucional, promovida por la magistrada Delia Espinoza, ponía bajo escrutinio un esquema de beneficio mutuo. Según la Fiscalía, Benavides habría ofrecido liberar a Balcázar de un proceso penal por apropiación ilícita. A cambio, el entonces congresista debería votar para archivar diversas denuncias contra la titular del Ministerio Público. Además, el caso implicaba un supuesto tráfico de influencias, ya que se decía que el mandatario solicitó a Benavides el nombramiento de su nuera, Scarlett Gálvez Campos, como fiscal provisional.

Para justificar el archivo del delito de patrocinio ilegal contra la exfiscal, el informe técnico de la SAC argumentó que había una falta de validez en la cadena de hechos. El documento señalaba que al no haberse autorizado formalmente una acción penal previa contra un fiscal intermediario enviado a Chiclayo para ejercer presión, no se podía configurar el delito de instigación. Basándose en esta lógica legalista, el Congreso concluyó que la acusación carecía de un “delito base”, procediendo a su desestimación. Así de escandalosa fue la decisión.

 

 

En cuanto al presunto delito de cohecho relacionado con la contratación del familiar de Balcázar, la Subcomisión se basó en una disposición de la Fiscalía de la Nación que calificó el nombramiento como una “conducta jurídicamente neutra”. Esto parece contradictorio frente a los hechos, ya que el propio Balcázar admitió haber entregado un dispositivo USB con el currículum de su nuera a Jaime Villanueva, entonces principal asesor de Benavides.

El argumento central de la SAC para declarar la improcedencia se basó en que la única prueba del pacto ilícito era el testimonio de Jaime Villanueva, considerándolo insuficiente.

 

 

Sin embargo, una revisión detallada del expediente fiscal contradice abiertamente la postura del Parlamento. La denuncia no se apoyaba solo en un testimonio aislado, sino que reunía un conjunto robusto de 110 elementos de convicción. Este acervo probatorio incluía registros de visitas oficiales al Palacio Legislativo, historiales sospechosos de votaciones en la SAC, resoluciones emitidas por la Fiscalía y mensajes de WhatsApp que evidenciaban coordinaciones.

Además, se destaca la declaración clave de la fiscal superior de Chiclayo, quien tenía a su cargo el caso de Balcázar. La magistrada confirmó ante las autoridades que operadores de Benavides intentaron presionarla e interferir a favor del político.  A pesar de todo esto, alias «Vane» fue blindada por el «Pacto», otra vez. Y es que todo vale para asegurar la Fiscalía de la Nación.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

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