A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Roberto Sánchez fijó postura: solo aceptará un acercamiento con Keiko Fujimori si antes se derogan las llamadas leyes pro crimen y se concede la libertad a Pedro Castillo Terrones.
El excandidato añadió una tercera exigencia, según RPP: que el Estado tome una decisión política para aclarar las muertes registradas en las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023.
«Instalemos la comisión que investigue los crímenes del sur. Instalemos esa voluntad política para derogar las leyes pro crimen y, como sienten muchos peruanos, una demanda ética: la libertad del presidente Pedro Castillo. Cuando esos estándares se pongan adelante estaremos dispuestos a dialogar siempre», advirtió.
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⚖️ Una comisión pendiente
Entre sus pedidos, Sánchez insistió en la urgencia de formar una comisión dedicada a investigar los decesos ocurridos durante las movilizaciones que estallaron tras el fallido golpe de Estado de Castillo.
Para el líder de Juntos por el Perú, sin ese esclarecimiento no hay manera de fijar responsabilidades ni de responder al pedido de las familias afectadas.
Cuestionó además que se convoque al diálogo sin haber asumido antes ese compromiso, y ligó el reclamo a una revisión de fondo del conjunto normativo que él mismo etiqueta como pro crimen, por su efecto —dijo— sobre la lucha contra la impunidad y el sistema de justicia.
📌 Distancia con Fujimori
El exministro no ocultó su desconfianza hacia la mandataria electa: «Nosotros somos dialogantes, construimos siempre, pero a la señora Keiko Fujimori yo no le creo nada», remarcó.
Con esa frase, Sánchez cerró —al menos por ahora— la puerta a integrarse a la mesa multipartidaria que Fujimori pretende armar de cara a su gestión.
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🚨 Una coalición para hacer contrapeso
Sánchez anunció que impulsará una agrupación política de oposición durante los próximos cinco años, ante lo que percibe como una excesiva concentración de poder entre el Ejecutivo y el Congreso.
«Levantaremos un proyecto, una coalición democrática que le haga contraparte a esa vocación autoritaria que hoy gobierna en el Perú desde el Parlamento con el pacto mafioso», afirmó.
⚠️ Una proclamación bajo cuestionamiento
Antes de estas declaraciones en Lima, y ya desde Juliaca, Sánchez había cuestionado la legalidad de la proclamación de Fujimori como presidenta electa: sostuvo que el JNE oficializó los resultados sin resolver una apelación de Juntos por el Perú sobre las actas del voto en el extranjero.
Explicó que el propio reglamento electoral fija un plazo para atender ese tipo de recursos antes de dar por cerrado el proceso, plazo que —según él— no se respetó.
«¿Cómo van a proclamar si el reglamento dice que hay un tema por resolver? Eso no es seguridad jurídica, eso no es respetar la ley», cuestionó.
A su juicio, el próximo gobierno «nace ilegítimo» y carece de respaldo en buena parte del país.
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