TC «recién se da cuenta» del despilfarro y le quitó la iniciativa de gasto a los congresistas

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El Tribunal Constitucional permitió en 2022 que los congresistas introdujeran leyes que generaran gasto público, esta vez cambió de postura y les retiró esa capacidad cuando las iniciativas afecten el presupuesto anual o tengan un impacto futuro.

Es decir, cuando ya están de salida los congresistas y luego de haber despilfarrado el dinero del Estado, incluso dejando sin becas a los estudiantes, recién el TC se da cuenta de la gravedad de la situación, a pesar de las advertencias de técnicos y especialistas, incluido Julio Velarde, presidente del BCR.

 

 

Según el fallo del propio Tribunal Constitucional, los proyectos de ley que impliquen un aumento en el gasto público deberán ser coordinados con el Ministerio de Economía y Finanzas para evaluar su viabilidad presupuestaria.

El Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31232, promovida por el Congreso, que declaró la emergencia y necesidad pública de la reubicación de la población en la zona baja del distrito de Belén, provincia de Maynas, en Loreto.

El Tribunal sostiene que la disposición del Parlamento, que solicita al Ministerio de Vivienda construir casas y llevar a cabo obras de saneamiento para la población, requiere destinar recursos no presupuestados inicialmente.

 

 

Por ello, aceptó la petición del Ejecutivo, argumentando que este tipo de iniciativas deberían ser originadas por el Gobierno al implicar costos futuros.

De acuerdo con el fallo, los proyectos deberán cumplir requisitos de constitucionalidad tanto en forma como en fondo. Las propuestas que impliquen costos para el Ejecutivo deberán especificar la fuente de financiamiento que garantice el equilibrio presupuestario.

El Ministerio de Economía y Finanzas emitirá un informe sobre la sostenibilidad fiscal conforme a los requerimientos de las comisiones del Congreso.

 

 

El fallo menciona que el proyecto de ley deberá coordinar estrechamente con el Ministerio de Economía y Finanzas para cumplir con el principio de desarrollo progresivo de regulaciones que generen gasto, modulando o programando su ejecución en armonía con la sostenibilidad fiscal.

Según la sentencia, las comisiones parlamentarias podrán dictaminar proyectos de gasto únicamente después de recibir el informe de sostenibilidad fiscal elaborado por el órgano competente del Poder Ejecutivo, que servirá como órgano de asistencia técnica permanente ante el Congreso.

Asimismo, los proyectos deberán dar prioridad al gasto social básico y cumplir con el principio de justicia presupuestaria, especialmente en lo que concierne a los servicios sociales básicos, siguiendo los criterios definidos por los órganos técnicos del Ejecutivo.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

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