Amistades peligrosas: Keiko y cuestionado empresario argentino se reúnen en un spa

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La situación presenta un dilema incómodo para un gobierno que debería actuar con total transparencia: la presidenta de la República ha sostenido encuentros con un empresario extranjero en un centro de masajes en La Victoria, además de los lugares habituales de la administración pública. Palacio de Gobierno debe aclarar el contenido de dichas reuniones, los participantes, los intereses discutidos y los eventos que siguieron.

Según un reportaje del semanario Hildebrandt en sus trece, el empresario argentino Damián Valenzuela Mayer, de 51 años, se reunió con la presidenta Keiko Fujimori en el Spa Tomyko, situado en Santa Catalina. Si estos encuentros están vinculados a asuntos públicos, negocios, inversiones, decisiones administrativas o gestiones estatales, el Palacio de Gobierno no puede limitarse a invocar la privacidad de la mandataria como explicación.

 

 

Un antecedente político relevante es el caso de Pedro Castillo y sus encuentros en una casa del jirón Sarratea, en Breña. Esas reuniones generaron gran controversia por realizarse fuera de Palacio de Gobierno y suscitaron dudas sobre quiénes accedían al entonces presidente y qué asuntos se trataban al margen de los mecanismos regulares de transparencia.

Si bien la comparación no implica que ambos casos sean legalmente idénticos, existe una similitud política que no se debe pasar por alto: el riesgo de que el poder presidencial se desplace a espacios privados donde los mecanismos de control y escrutinio público se debilitan.

Así pues, la pregunta que debe responder el Gobierno de Keiko Fujimori es clara: ¿se usó el spa en Santa Catalina para tratar temas relacionados con el Estado?

 

 

¿Qué hacer?

El primer paso sería verificar si las reuniones fueron registradas en la agenda oficial de la presidenta y si cumplen con los procedimientos de transparencia pertinentes. También se necesita saber quién organizó el encuentro, quién acompañó a la mandataria, cuál fue su propósito oficial y si hubo reuniones adicionales entre el empresario y funcionarios del gobierno.

La investigación debe seguir una secuencia temporal: la reunión inicial, contactos posteriores, gestiones administrativas y las decisiones del Estado eventualmente ocurridas. Este enfoque puede ser más revelador que la reunión en sí misma.

 

 

Si tras el encuentro hay gestiones ante ministerios, autorizaciones, contratos o decisiones administrativas ligadas a los intereses del empresario, la controversia cobrará mayor relevancia.

En ese caso, no se trataría solo de una formalidad protocolar, sino de esclarecer si hubo una gestión de intereses que debió ser transparentada y registrada.

 

 

¿Y el Congreso?

El Congreso debería investigar si el Spa Tomyko opera como un «despacho paralelo» para Keiko Fujimori.

La Comisión de Fiscalización podría inicialmente solicitar la agenda presidencial, registros de visitas, información sobre los participantes en las reuniones y documentos relativos a gestiones que hayan podido derivarse.

 

 

También debería obtenerse información sobre las empresas y actividades que representa Valenzuela Mayer y cualquier expediente o decisión administrativa relacionada. Además, acceder a las grabaciones de seguridad del spa para identificar la presencia de otras personas en las reuniones.

Si aparecen evidencias suficientes, el Parlamento podría considerar formar una comisión investigadora con poderes específicos. El propósito no sería crear una acusación política contra Fujimori, sino abordar una cuestión institucional fundamental: ¿se están tomando decisiones de Estado al margen de los canales formales y sin debido seguimiento?

 

 

En Palacio están calladitos

La reacción del Gobierno será crucial en este momento. Es fundamental que Palacio de Gobierno explique claramente la naturaleza de estas reuniones y entregue la información correspondiente conforme a la ley. Argumentar únicamente que la presidenta tiene derecho a la privacidad no será suficiente.

El Gobierno tiene la oportunidad de aclarar cualquier duda: deben hacer las reuniones públicas, identificar a los participantes, explicar los motivos, y detallar si hubo consecuencias administrativas o políticas derivadas.

 

 

En cambio, si deciden minimizar los hechos, ofrecer versiones contradictorias o mantener confidencial información que debería ser pública, el coste político aumentará.

El problema radica en que podría estar llevándose parte del ejercicio del poder presidencial a ámbitos privados, donde es más difícil conocer quién participa, qué se discute y qué decisiones se toman. Esa es precisamente la advertencia que dejó Sarratea.

La pregunta esencial sigue sin respuesta: ¿qué asuntos de Estado se discutieron en ese lugar de Santa Catalina y qué decisiones se tomaron posteriormente?

 

 

Texto: WSV / Medios
Foto: Composición
Video: Twitter Hildebrandt en sus trece / Canal YouTube El Foco

 

 

 

 

 

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