La población del país vive uno de los momentos más dramáticos de su historia reciente. La delincuencia ha alcanzado extremos intolerables de desprecio por la vida, cobrando la existencia de personas de toda condición social que se niegan a pagar extorsiones. Un hecho que debería marcar un punto de inflexión en el combate contra estas organizaciones acaba de ocurrir en la ciudad de Trujillo, donde un empresario fue secuestrado y cuatro personas fueron asesinadas, sin que en ese momento existiera patrullaje preventivo ni mecanismos eficaces para alertar a la Policía.
Hechos como este se repiten a diario. No resulta extraño que tanto un modesto vendedor de emoliente como un próspero empresario se conviertan en víctimas de una ofensiva criminal sin precedentes en el país. Entre los perpetradores operan tanto sujetos procedentes del extranjero como delincuentes nacionales, articulados en redes organizadas que obtienen ingresos millonarios a través del delito. La impunidad con la que actúan los sicarios no puede tolerarse. A esto se suma el crecimiento desmedido de la extorsión: abundan las denuncias de víctimas asediadas de manera simultánea por cuatro o cinco bandas distintas.
Frente a esta crisis, corresponde al Poder Ejecutivo abandonar la pasividad y asumir su rol con la debida firmeza operativa. Por su parte, el Poder Legislativo debe recordar que representa a la ciudadanía y aprobar de inmediato el marco legal que la coyuntura exige. Finalmente, el Poder Judicial está llamado a aplicar la ley con severidad, desterrando cualquier margen de indulgencia indebida. Si no se articula una acción firme y coordinada entre los tres poderes del Estado, la seguridad ciudadana terminará reducida a un mito.
Foto Andina