GUATEMALA.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó hoy que la protección del derecho a la vida de los defensores de los derechos humanos en Guatemala es una “obligación” del Estado y además aseguró que desempeñan un papel “protagónico”.
Su función, explicó la institución en un informe presentado este lunes en Guatemala, es “una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera”.
Según lo reportado por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), entre enero y septiembre del 2015, se registraron 380 ataques o agresiones en contra de este colectivo.
En estas cifras están incluidos asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, persecución y vigilancia, que sufren, por ejemplo, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan y Sotero Adalberto Villatoro, líderes comunitarios en el municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango.
La información recabada por la Comisión evidencia que desde el 2008, los tres han actuado “como mediadores” en conflictos entre la sociedad civil y las autoridades por el proyecto hidroeléctrico de la empresa Hidro Santa Cruz.
Sin embargo, en febrero del 2014, una sala de la Corte de Apelaciones ordenó su prisión preventiva por los delitos de amenazas, detención ilegal, coacción, plagio y secuestro.
Ante este caso, y otros muchos que enumera en el informe, la CIDH asegura ver “con preocupación” la emisión y ejecución de órdenes de captura en momentos “trascendentales” para la lucha comunitaria.
De acuerdo a Udefegua, se ha evidenciado “un aumento desproporcionado de denuncias judiciales en contra de” defensores de derechos humanos, que llegaron a 61 el 2013, de las cuales 40 estuvieron acompañadas de detenciones “denunciadas como ilegales”.
Para evitar situaciones como estas, recomienda además adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para realizar consultas a los pueblos o comunidades donde se pretendan realizar actividades o proyectos de extracción de recursos naturales.
Reconocer la propiedad de la tierra de los pueblos indígenas es una “oportunidad para la reducción de la inseguridad jurídica en Guatemala” y también puede resultar “clave para avanzar en el reconocimiento de derechos históricos a comunidades y pueblos”.
La labor de estas personas “es fundamental para la implementación de los DDHH, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho”, añadió.