Tras ser amenazados con un amotinamiento de los verdugos del Grupo Colina, el expresidente, Alberto Fujimori, promulgó la Ley de Amnistía el 14 de junio de 1995 para librar de todo mal a los autores de las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y Pativilca entre otros crímenes de lesa humanidad.
En diciembre del 2007 cuando era procesado Fujimori no tuvo otro remedio que admitir que era el autor de la amnistía fallida alegando que esta medida formó parte de la política de pacificación del país y que desconocía que la norma de interpretación de dicha ley colisionaba con tratados internacionales.
Sin embargo los entretelones de esa “amnistía” revela cómo la mayoría fujimorista se impuso contra viento y marea para dominar el congreso aprobando la protección de los asesinos encargados del Terrorismo de Estado.
Videos relacionados
La noche del 14 de junio de 1995, mientras el país dormía, el “Congreso Constituyente Democrático” aprobó la Ley 26479 a iniciativa de la dupla Alberto Fujimori – Vladimiro Montesinos, una amnistía para todos los miembros de las FFAA, PNP y civiles denunciados o condenados por violaciones de DDHH cometidas en acciones contrasubversivas entre mayo de 1980 y el 15 de junio de 1995, cerrándoles todo proceso.
En realidad fue la respuesta a la investigación judicial sobre la matanza en Barrios Altos de 15 hombres, mujeres y niños –noviembre del 91– que había avanzado revelando la cara oscura de la dictadura.
En mayo del 93 y enero del 95, oficiales EP –entre ellos el Gral. Rodolfo Robles– denunciaron que el Grupo Colina, destacamento que operaba con conocimiento de Fujimori y el Comandante General del EP, era responsable de la matanza.
Ante ello, en abril del 95, el fuero militar pidió a la Corte Suprema tener jurisdicción sobre el caso, pero antes que ésta votara, la ley de amnistía lo archivó.
El 15 de junio de 1995, la jueza del caso Barrios Altos, Antonia Saquicuray, declaró inaplicable la ley de amnistía pero 13 días después la mayoría fujimorista dio una nueva ley, la 26492, que prohibía a los jueces pronunciarse sobre la legalidad o aplicabilidad de la primera amnistía, anulando la resolución de la Dra. Saquicuray.
Y por si fuera poco, amplió la amnistía a todos los militares, policías y civiles que aún no hubieran sido denunciados por violación de DDHH.
Este tinglado se cayó con Fujimori, en medio de gran presión internacional pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró inaplicable la amnistía para el caso Barrios Altos.
Las razones del lobo
La amnistía se resolvió en los cuarteles , en un sordo enfrentamiento cuando Santiago Martin Rivas se levantó en armas contra el gobierno de Alberto Fujimori y el comandante general de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos, al abrir justicia castrense abrió proceso a los miembros del grupo Colina, reveló el ex suboficial de primera EP (r) Julio Chuqui Aguirre, quien encabezó uno de los tres grupos operativos del GRUPO Colina.
“Nos amotinamos porque el gobierno y el alto mando nos garantizaron que no habría juicio contra nosotros y con engaños nos llevaron al Batallón de Municiones Nº 513 que queda en Pisco, y allí nos dijeron que estábamos detenidos”, relató Chuqui.
“Estábamos armados, y así nos amotinamos”, afirmó. La confesión de Chuqui demuestra que los integrantes del grupo “Colina” mantuvieron chantajeado al régimen fujimorista hasta que finalmente obtuvieron la completa impunidad con la Ley de Amnistía, emitida el 14 de junio de 1995.
“El 23 de diciembre de 1993, el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, coronel EP Enrique Oliveros Pérez, nos informó a Santiago Martin, a mí y a mis compañeros (del grupo Colina) que la Comandancia General había decidido darnos protección, ya que por esos días la prensa nos había identificado”, indicó Chuqui.
“Nos dijo que nos llevaría un grupo de comandos a Pisco, y así fue. Aceptamos porque Oliveros nos aseguró que sólo era para que la prensa no nos sorprendiera en algún lugar trabajando. Además de Santiago Martin y yo, estábamos el general Federico Navarro, el mayor Carlos Pichilingüe Guevara y los técnicos Nelso Carbajal García, Pedro Suppo Sánchez y Juan Sosa Saavedra”, manifestó.
De acuerdo con el relato de Chuqui, en los primeros días de febrero de 1994, avisado por sus contactos, Santiago Martin Rivas se enteró de que el Consejo Supremo de Justicia Militar les había iniciado un proceso judicial en relación con la matanza de La Cantuta. La noticia enardeció a los criminales.
“Martin nos convocó a todos en el Batallón de Municiones Nº 513, en Pisco, y nos dijo que habíamos sido engañados. Nos contó que todo estaba listos para llevarnos a los tribunales y que en cualquier momento nos trasladaban al cuartel Simón Bolívar para detenernos. Martin dijo que era una traición. Entonces, nos amotinamos”, relató Chuqui Aguirre a las autoridades que investigan al grupo Colina. “Incluso llegó el helicóptero que mandó el general Nicolás Hermoza Ríos para recogernos y llevarnos a Lima, pero nos negamos. Todos teníamos armas, y es así que nos resistimos al traslado. No queríamos juicio”, explicó.
Es decir, se trataba de un ajuste de cuentas y no el objetivo de la “pacificación nacional”, como se defendía en ese entonces con entusiasmo digno de mejor causa, cuando se levantaron en armas para impedir que los enjuiciaran, y que se rindieran a cambio de un proceso en la justicia castrense que resultó ser un sainete y la fallida amnistía.