El crimen organizado recluta a los adolescentes como sicarios aprovechando que, en nuestro Código Penal, los menores de edad no cometen delitos sino faltas, por lo que los capturados, así se trate de multirreincidentes, salen libres al cumplir los 18 años.
La globalización ha traído consigo esta pesadilla desde otros países como en México, donde hay más de mil menores internados tras ser descubiertos en crímenes por encargo, y que en Estados Unidos, por ejemplo, son procesados como adultos cuando se trata de crímenes agravados.
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Este tema que se pone al debate por enésima vez, será uno de los puntos claves de las cuatro medidas que plantea adoptar el gobierno para lucha contra la delincuencia, en el marco de las facultades legislativas otorgadas al Congreso.
Mientras tanto, la delincuencia organizada sigue utilizando de manera creciente a los adolescentes en el sicariato aprovechando la inimputabilidad de delito de la cual gozan los menores de edad.
https://www.youtube.com/watch?v=2fD8TpRq4E0
Debates como la rebaja de la edad mínima para juzgar a los menores como adultos ya se viene discutiendo desde años atrás en varios países latinoamericanos, más aún con la “internacionalización” de la banda Maras Salvatruchas que, de acuerdo a cifras oficiales, cuenta con más de 70 mil miembros a nivel continental. (Ver informe anterior)
En busca de la rehabilitaciòn
En el debate se coincide que la vulnerabilidad en las familias hacen proclive esta situación: el incremento de hogares disfuncionales, la negligencia de padres respecto de su responsabilidad de formar y guiar a los menores, el abandono real en que crecen los menores potenciado por el creciente número de hogares conducidos por mujeres, etc.
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En ese esquema, el menor de edad no comete delito sino falta por lo que teóricamente la solución está enmarcada en una reeducación… en albergues como el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, tristemente conocido como “Maranguita” y ser una patética universidad del crimen donde la mayoría de los adolescentes sicarios termina por convertirse en avezados delincuentes.
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El caso de Alexander Manuel Pérez Gutiérrez (a) ´Gringasho’ es el denigrante ejemplo de los sicarios juveniles que no vacilan en matar maestros y madres de familia, por unos cuantos soles de malvados extorsionadores.
“Me da lo mismo si muero hoy o mañana. Si me llevan aquí o allá, da igual; volveré a fugar de donde sea, porque soy inocente” dijo ‘Gringasho’ con desparpajo a los detectives de la División de Robos de la Dirincri.
Cadena perpetua a reclutadores
El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, adelantó detalles de las cuatro medidas que plantea adoptar el gobierno para lucha contra la delincuencia, en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, entre las que destaca sancionar con cadena perpetua para quienes contraten sicarios menores de edad.
La propuesta modifica el Código Penal, además de tipificar este delito de manera autónoma, para diferenciarlo del asesinato por lucro.
“Como no podemos sancionar al menor de edad, porque los menores no cometen delitos, sino faltas, vamos a sancionar severamente al que lo contrata”, afirmó en declaraciones a La Hora N.
En ese sentido José Luis Pérez Guadalupe se pronunció a favor de iniciar un debate para ver si los menores de edad de 15 a 17 años que cometen delitos graves, puedan ser juzgados como adultos.
En el tema de las extorsiones, informó que se va a incluir este delito dentro de la flagrancia, de tal manera que en 24 horas la Policía pueda solicitar a las empresas operadoras de telefonía, la ubicación georeferencial del teléfono desde donde se realiza la extorsión, e intervenirlo.
Explicó que se requiere una ley, porque actualmente esta facultad solo la puede dar el juez y puede demorar varios días, lo cual resta efectividad.
Reducción de minoría de edad
El ministro del Interior, Josè Luis Pèrez Guadalupe, enfatizò que existe la necesidad urgente de que el tema sea discutido, y ver, por ejemplo, si los sicarios de 15 a 17 años deben ser tratados penalmente como menores.
El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, respaldó esta modificación en el Código Penal mientras que para Verónica Henry, del programa de Justicia Juvenil Restaurativa, sería un error, pues no solucionaría el problema de la criminalidad adolescente.
Pèrez Rocha admitió que se trata de un tema complejo de implementar, pues habría la necesidad de modificar el Código del Niño y Adolescente, enfrentar a toda una oposición ideológica, aparte de denunciar los tratados internacionales suscritos por el Perú en la materia.
Como una alternativa, propuso modificar la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, promulgada en agosto del 2013, para que en los delitos de homicidio calificado y extorsión, la pena se aplique por igual para todo infractor no menor de 15 años.
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No obstante señaló que el problema es que habría la voluntad del gobierno de independizar el delito de sicariato, y eso lo hace más complicado aunque reconoció que endurecer las penas es una alternativa ante el incremento de este tipo de incidentes en el mediano y largo plazo.
La experta Verónica Henry considera que pretender juzgar a los adolescente como menores de edad, por más graves que sean sus delitos, no resuelve el problema de la criminalidad juvenil.
Precisò que la experiencia internacional demuestra que no hay relación entre el incremento de penas y la reducción de delitos, mientras que en países como Estados Unidos, con penas de hasta cadena perpetua para adolescentes, no ha rebajado el índice de criminalidad.
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Afirmó que el Perú ya tiene una política pública en la materia, contenida en el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento al Adolescente en Conflicto con la Ley, aprobada en el 2013 y que ya se viene implementado un plan piloto en algunas zonas del país.
Consideró, además, como un error decir que hay impunidad, cuando es sabido que los menores son condenados a penas de hasta seis años de privación de libertad en establecimientos tipo “Maranguita”, en Lima.
En el tema del sicariato adolescente, Henry admite que definitivamente a estos adolescentes no se les puede tratar igual que al que robó una cartera, pero la respuesta debe ser un tratamiento adecuado y oportuno con sicólogos y siquiatras, porque la mayoría proviene de familias disfuncionales, con consumo de drogas.
Señaló que lamentablemente, los nueve centros juveniles que existen en el país no tienen ambientes adecuados, ni diferenciados, de acuerdo a la gravedad de los delitos, lo cual hace que jóvenes primarios convivan con muchachos de mayor peligrosidad.
En “Maranguita” hay 840 menores internos, de los cuales 497 están por robo, violación sexual (110), homicidio (77), hurto (47), tráfico de droga (43), tenencia ilegal de armas (36), lesiones (14), pandillaje (4), secuestro (2), otros (10).
“En Estados Unidos actualmente hay cerca de 3.000 menores de edad condenados a cadena perpetua sin posibilidad alguna de lograr la libertad condicional. Otros 2.500 reclusos cumplen el mismo tipo de sentencia, pero fueron condenados cuando todavía eran menores.
Y otros 10.000 menores se encuentran confinados en prisiones para adultos, según informe del diario El Mundo, con cifras de la Equal Justice Initiative (EJI).
Y usted, estimado lector… ¿què opina?