Más de 3 mil 500 disidentes convertidos en aliados de los carteles de la droga, guerrilleros del ELN disputando su hegemonía rutas con el Ejército Popular de Liberación, y la sombra del uribismo que jaquea el Acuerdo de Paz con las FARC anuncian los peligros de una nueva y más cruel guerra interna.
A la fragilidad del Estado colombiano, con grandes extensiones de los cultivos de coca, se suma ahora los mil y un intentos para desactivar el Acuerdo de Paz con las FARC desde el congreso, con la mal disimulada intervención de la ultraderecha colombiana, encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe y la incógnita en torno a su discípulo, el presidente entrante Iván Duque Márquez.
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Es una amenaza de conflicto que puede extenderse en las fronteras de Venezuela, Ecuador y el Perú, especialmente en la convulsionada región del Putumayo donde los disidentes desafían a los bombardeos de la fuerza aérea colombiana.
Es un secreto a voces que el narcotráfico ha logrado copar cerca del 80% de los llamados “territorios liberados” de las desmovilizadas guerrillas de las FARC, encabezadas por el Cartell del Golfo s Otoniel, para suministrar especialmente al cartel de Sinaloa
Basta señalar que en el año pasado se registró más de 200.000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos y una producción de 950 toneladas de coca, con lo que el escenario parece propicio para una nueva Guerra de la Coca.
Jurisdicción Especial para la Paz
El sistema de justicia transicional contemplado en el Acuerdo de Paz con las FARC es la piedra angular para el movimiento uribista que encabeza el Centro Democrático de Álvaro Uribe y la ambigüedad del mandatario electo, Iván Duque, quien se limitó a pedir que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la oportunidad de seguir con los tramites del proyecto de ley que debe fijar el reglamento de la Jurisdicción Especial para la Paz , el sistema encargado de juzgar los crímenes de la guerra.
Para variar, el Senado aplazó indefinidamente la aprobación de esa norma impulsado por el movimiento uribista mientras el presidente saliente. Juan Manuel Santos llamó a la celebración de nuevas sesiones extraordinarias del Congreso para avanzar sobre este crucial tema.
La JEP define el trato que recibirán los responsables de delitos de lesa humanidad bajo un sistema jurídico especial que será creado como parte del proceso de paz y que incluye penas alternativas de reclusión.
Su importancia radica en que también otorga amnistía para los guerrilleros que no estén implicados en delitos atroces, como secuestro, violencia sexual, ejecuciones fuera de combate, y solo estén acusados de levantarse en armas contra el Estado.
Su principal objetivo es cumplir con el deber estatal de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.
Lo que se busca es «satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a luchar contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste y contribuir al logro de una paz estable y duradera«.
En este acuerdo de justicia «las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En todas las actuaciones de la JEP se tomarán en cuenta como ejes centrales estos derechos y la gravedad del sufrimiento infligido».
Por esta razón, se espera que la JEP adoptará decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Todas las decisiones de la JEP harían tránsito a cosa juzgada cuando estén en firme y se garantizará su que no cambien en el futuro.
Las decisiones de la JEP sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el Tribunal para la Paz.
En el acuerdo se especifica que la Jurisdicción Especial prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas en el contexto del conflicto armado. Lo anterior no impide que la justicia ordinaria continúe investigando, juzgando y sancionado los hechos y conductas que no sean competencia de la JEP.
«Las personas podrán ejercer su derecho a la defensa ante todos los órganos de la JEP y recurrir las resoluciones y sentencias de las salas y secciones. Todas las decisiones de la JEP serán debidamente motivadas y fundamentadas en pruebas confiables y admisibles ante tribunales de justicia«, señala el documento en el que se explica el funcionamiento de la JEP.
Así mismo, tendrá un enfoque diferencial en el que se tendrá en cuenta las distintas consecuencias de las violaciones contra mujeres así como contra los grupos más vulnerables, sujetos de especial protección, o especialmente afectados por el conflicto, entre ellos los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los campesinos, los más pobres, las personas en condición de discapacidad, las personas desplazadas y refugiadas, la población LGBTI y los adultos mayores.
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Los delitos no amnistiables ni indultables, como los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, en especial de los casos más graves y representativos, serán ocupados por el Tribunal para la Paz.
Cada uno de estos casos aplican tanto a miembros de grupos armados ilegales que suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno y la participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición estará sujeta a la dejación de armas. Respecto de los agentes del Estado, la JEP se aplicará a quienes hayan cometido delitos en el conflicto armado.
En el papel la JEP jugaría un papel preponderante para desbrozar el camino de la paz pero, nuevamente el uribismo se interpone en su camino, sembrando nubarrones de incertidumbre y el regreso de los falsos positivos, paramilitares y otras desviaciones perversas alimentadas por los poderosos carteles de la droga.
El nuevo panorama radica en la influencia nociva del uribismo, bajo la sombra del llamado Centro Democrático y el ex presidente Álvaro Uribe quien, extrañamente, ha dejado de lado su locuacidad a la espera de mejores tiempos para volver a las andadas.
Las especulaciones están a la orden del día, con guerrilleros, narcotraficantes y nueva hornada de paramilitares con el dedo en el gatillo. Y, por ahora, muchos aguardan respuestas mientras se preguntan Quo vadis Colombia?