MADRID (España).- La Agencia Estatal de la Administración Tributaria española reclama 2.1 millones de euros (1.8 millones de dólares) a Mario Vargas Llosa, una deuda con la que el escritor no está de acuerdo, por lo que ha decidido mantenerla suspendida para que no entre en fase ejecutiva, informó hoy la web Vanitatis
Una maniobra realizada por consejo de sus abogados y que le ha obligado a pedir una hipoteca privada y a presentar las escrituras de la casa que posee en el centro de Madrid como aval por la cantidad que le reclama Hacienda, según la citada web.
La casa en cuestión, que Vargas Llosa se quedó tras su separación de Patricia Llosa, no está sin embargo a nombre del premio Nobel, sino de una sociedad holandesa de la que es el accionista mayoritario.
Según la web, Vargas Llosa recibió la notificación de Hacienda hace unas semanas.
Una noticia que llega poco después de que Vargas Llosa y su actual pareja, Isabel Preysler, hicieran público que todos los papeles del divorcio del escritor ya están en regla, por lo que podrían casarse en cualquier momento.
De hacerlo, sería el tercer matrimonio para el escritor hispano peruano -tras los de Julia Urquidi y Patricia Llosa- y el cuarto para Preysler -que se casó con Julio Iglesias, Carlos Falcó y Miguel Boyer.
https://youtu.be/B7fYYA_kum8
MVLL dice que hizo las declaraciones de renta pertinentes
Mario Vargas Llosa asegura que “ha informado en todo momento a las autoridades tributarias españolas de su residencia, sus rentas y su patrimonio” y ha cumplimentando “las declaraciones tributarias establecidas en la normativa vigente”.
Un comunicado del equipo jurídico-tributario del escritor afirma que la información aparecida hoy en la web Vanitatis se refiere “a una duda interpretativa acerca de la residencia fiscal de los años 2011 al 2014, años en los que no residía en España”.
El equipo jurídico-tributario del escritor hispano peruano precisa que fue el propio Vargas Llosa el que planteó una consulta, por escrito, a la Administración tributaria española, sobre su situación personal debido a la “incertidumbre que planteaba la normativa española” relativa a la residencia.
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