La Fiscalía de la región Arequipa, en el sur de Perú, abrió este martes una investigación por daños a la propiedad pública y disturbios contra 15 personas involucradas en las protestas contra el proyecto minero Tía María, cuya licencia fue suspendida tras varias semanas de paros y manifestaciones.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López, informó, a través de una nota de prensa, que se les investiga por el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y disturbios.
Cuatro de los 15 detenidos tendrán comparecencia con restricciones, por lo que están impedidos de participar en protestas y deben acudir a las citaciones y cumplir otras medidas, agregó el Ministerio Público.
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López detalló que los fiscales a cargo de los casos reúnen fotografías, vídeos, declaraciones y otros medios de prueba.
Asimismo, confirmó que ha recibido una denuncia de presuntos excesos por parte de la Policía Nacional, durante las acciones para reprimir las protestas en el valle del Tambo, una zona agrícola aledaña al proyecto minero de la empresa Southern Perú Copper Corporation, filial del Grupo México.
El fiscal López señaló que también se investiga las circunstancias en que resultaron heridos Juan Carlos Tapia y Rocío Pucho con la ampliación del reconocimiento médico legal, pericias balísticas, entre otras medidas.
El proyecto Tía María, que requerirá de una inversión de 1.400 millones de dólares para una mina a tajo abierto, prevé producir anualmente 120.000 toneladas de cobre cuando esté en operación y se calcula que generará 1.500 millones de dólares en canon y regalías en los 20 años que tiene previsto estar operativa.
Southern Perú afirma que usará agua de mar desalinizada y construirá un ferrocarril y una vía de acceso “a distancia prudente” del valle para el transporte de sus suministros y producción.
Sin embargo, las autoridades regionales y los agricultores consideran que la mina dañará el ecosistema, los recursos hídricos y sus cultivos, por lo que solicitaron la anulación de la licencia de operación al presidente, Martín Vizcarra, quien ha señalado que las obras no comenzarán mientras no cuenten con el respaldo de la población.
Tras conocerse la suspensión temporal del proyecto, los representantes del empresariado nacional pidieron al gobierno “predictibilidad” en sus decisiones y que se respete el cumplimiento de las leyes en “el marco constitucional”.
“El Estado tiene que defender sus actos administrativos, lo que no puede suceder es que el Estado ataque al Estado. Necesitamos predictibilidad y respeto al principio de autoridad”, afirmó la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, en una rueda de prensa.
Tras haber otorgado la licencia a Tía María a inicios de julio pasado, el Gobierno anunció este 9 de agosto la suspensión de esa autorización mientras se resuelven los recursos legales presentados por las autoridades de Arequipa, que se oponen a la mina.
La decisión se anunció 25 días después de que la población del Valle de Tambo iniciara una paralización indefinida en rechazo al proyecto, a la que se sumaron luego organismos de toda Arequipa.
EFE/Foto EFE