Se ha puesto es cuestión, por iniciativa de la mayoría que controla a su libre albedrío el poder legislativo, la labor que cumplen las empresas encuestadoras que escrutan la opinión ciudadana, entre otros aspectos, los referentes al quehacer político de nuestro país.
La iniciativa que tiene como aparente finalidad, fiscalizar los métodos profesionales, que utilizan dichas organizaciones privadas para informar respecto al sentimiento cívico de la población, sin embargo, tiene otro trasfondo que no pasa desapercibido. La mayoría parlamentaria, hoy en día mal vista abrumadoramente por la opinión pública, pretende de esta manera atemorizar a quienes cumplen una labor importante, mediante la consulta al pueblo de lo que piensa sobre la labor que cumplen los que han asumido una representación, que lamentablemente a la fecha, carece de aceptación en gran parte de la población.
Lo ocurrido ha generado cuestionamientos muy severos de parte de las organizaciones que defienden el derecho a la información que le pertenece, sin duda alguna, a la ciudadanía. Y no les falta razón. Pretender silenciar a las encuestadoras, que son medios para conocer la realidad política, significa una equivocada iniciativa que es condenable desde todo punto de vista. Es una suerte de aplicación de la ley de la mordaza y eso es repudiable.
Por el contrario sería exigible que esa mayoría parlamentaria no abuse impunemente de la representación que le ha sido delegada. Alguien tiene que decirle la verdad, con la esperanza de que reflexione y enmiende sus malos pasos.
La verdad que debe tener presente quienes han incurrido en un abuso de ese poder se resume en una explicación breve. Para comenzar hay que decirle que en toda democracia real, la comunicación social promueve el desarrollo humano, el respeto ciudadano, la pluralidad y la interculturalidad. Con la misma fuerza promueve la dignidad humana en una sociedad en donde existe libertad, justicia y solidaridad. El ejercicio de una comunicación plural y democrática es garantía de participación política de los ciudadanos.
Finalmente, hay que decirle a esa mayoría que se aferra en sus escaños que den cara a la realidad del país y, entonces, se abrirá la posibilidad de lograr que entienda que las grandes gestas históricas de la civilidad, se han dado considerando que sin libertad de expresión no hay democracia. Todos los ciudadanos, cualesquiera que sea su identidad política aspiran a que la democracia tenga vigencia real, que exista a plenitud y alcance la mayor fortaleza en lo esencial, y de esa manera mejorar la gobernabilidad y con ello el bienestar de todos sin exclusión ni marginación.