El juez Richard Concepción Carhuancho desestimó el requerimiento del Partido Aprista para concluir la investigación que el fiscal José Domingo Pérez inició por presuntos aportes irregulares de Odebrecht en las campañas políticas del 2006 y 2011.
El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria escuchó a las partes. En representación del Equipo Especial Lava Jato acudieron los fiscales adjuntos Lily Jaque Romualdo así como Henry Amenábar. Ambos defendieron la tesis de que, al tratarse de un caso de lavado de activos en el marco de la Ley de Crimen Organizado.
Es decir, como el caso inició el 4 de junio del 2018 bajo el amparo de la Ley 30077, por disposición de esta misma norma el plazo máximo de las diligencias preliminares es de 36 meses ya que se trata de un caso complejo.
En la investigación, cabe precisar, solo hay dos investigados a la fecha: el PAP y Luis Alva Castro, sobre quien Jorge Barata reveló que le había entregado US$ 200 mil para ser utilizados por el partido político.
El abogado del Partido Aprista, José Pimentel, señaló que el cómputo de los plazos para iniciar el caso se dieron cuando se toma “conocimiento del hecho punible”, no con la disposición fiscal que ocurre después, acorde con la Casación 144-2012/Áncash. Para Pimentel el transcurso del plazo había cumplido los 18 meses de diligencias preliminares y no 16 como suponía la Fiscalía.
Tras escuchar a las partes, el juez Richard Concepción Carhuancho sostuvo que el recurso de control de plazo para concluir la investigación fiscal no se presentó en ocasiones previas como el 28 de julio de este año, “sino que lo hace el 5 de setiembre. Por estas consideraciones se va a denegar el pedido de control de plazo”. (Con información de La República)
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