Las posibilidades de un nuevo Congreso de la República en capacidad de legislar con acierto respecto a los asuntos más cruciales que requiere la vida en democracia del país, no parecen ser muy auspiciosas. Hay razones que preocupan al respecto. La más saltante está referida a la calidad de quienes llegarán al hemiciclo parlamentario, por voluntad de la ciudadanía. Las más recientes encuestas señalan que escasamente el 51% de los postulantes ha pasado por las aulas universitarias. Es decir, carecen de formación idónea para tan delicada función pública. Debe agregarse que existe otro 25 % que no ha consignado estudios superiores.
Aun cuando los estudios universitarios no constituyen una exigencia para cumplir la labor legisladora, los escrutinios públicos indican que constituye una variable que repercute en el ánimo de los electores. Estos prefieren la presencia de personas en capacidad de llevar una buena representación, de legislar con criterios sustentados en conocimientos de la materia y de fiscalizar los actos de gobierno, sin ser objeto de manipulación de parte de agentes foráneos. No se crea, sin embargo, que el hecho de contar con estudios universitarios es suficiente para garantizar una buena labor parlamentaria. También pueden ejercer con eficacia aquellos que son autodidactas en la materia, que han sabido encaminar sus pasos por la lectura de obras especializadas o porque han ejercido cargos de representación de gremios u organizaciones sociales y populares. La experiencia en la gestión de los problemas que deben acometer, también constituye garantía para convertirse en un eficiente legislador.
Tenemos por ejemplo la necesidad de llevar adelante la reforma política iniciada por el actual régimen. La reforma en mención ha quedado inconclusa, pero queda la esperanza que sangre nueva en el Congreso la hará realidad. Ha diferencia de viejos legisladores que lo mejor que hicieron, si así se puede llamar, al obstruccionismo del Congreso disuelto, que declaran sin pudor que no habría ningún problema en mandar al archivo las propuestas de la comisión que presidio Fernando Tuesta, existen candidatos y candidatas de las diferentes representaciones políticas que piensan lo contrario. Una de ellas hace referencia que se trata de una necesidad y que hay que terminar lo iniciado, buscando nuevas alternativas. Otros señalan que el convencimiento de la gran mayoría de ciudadanos apuesta por la reforma política, recordando que el fracaso del Congreso anterior se debió, entre otras cosas, por ignorancia.
La reforma política se entrevé será una tarea por acometer en la agenda legislativa. Y es posible que tenga lugar prioritario. Sobre todo porque se va a tratar el tema de la reforma de los partidos, el retorno de la bicameralidad y un largo anhelo que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria. Esto sin dejar de lado las fuentes de financiamiento que hasta el más reciente episodio político, se ha constituido en uno de los instrumentos perversos que abrieron los canales malolientes de la corrupción.
El debate seguramente será muy interesante. Trascendente. Por eso no resulta extraño que los electores muestren preocupación por la formación política de los postulantes, su grado de conocimiento, ya sea porque pasaron por las aulas universitarias o porque tienen experiencias como personas “leídas” que a lo largo de los años se han preocupado en dotarse de conocimientos de la doctrina política. Tenemos el caso del punto referente a la inmunidad parlamentaria. ¿Gente inepta, escasa de idoneidad, podrá expresar su punto de vista sobre ello? No resulta difícil adelantar juicio, porque es un tema debatible en extremo. Hay quienes piensan que la inmunidad es necesaria a los efectos de la labor puramente legislativa. Y hay, igualmente, quienes consideran que no se debe aceptar el uso de la inmunidad para blindar a personas que han perpetrado delitos comunes. Los debates parlamentarios por lo general alcanzan niveles de discusión, que por lo general colisionan con intereses políticos, económicos y sociales. Sin inmunidad parlamentaria y en peligro de un desafuero, para caer después en manos de jueces prevaricadores, debilitaría mucho el debate en el hemiciclo. Los poderosos de siempre, saben bien como se cocina ello. Por otro lado, la inmunidad parlamentaria mal interpretada y pesimamente aplicada, solamente serviría para apañar a delincuentes que se las han ingeniado para llegar al Congreso de la República. El tema por tratar a partir del 26 del año próximo, adelanta la posibilidad de que habrá un Congreso realmente constituido por gente preparada. Pero si esto no es así, significará otro error ciudadano.