Durante el primer gobierno de Alan García, el verdugo de la masacre, Telmo Hurtado, siguió ascendiendo en el Ejército, pese a que había confesado con escalofríante lujo de detalles la masacre perpetrada contra 69 comuneros y admitir que cumplió órdenes superiores.
En mayo de 2014, ante la Sala Penal Nacional, instalada en el penal Castro Castro, que presidìa el juez Ricardo Brusset Salas, el exmandatario , Alan García, afirmó que se enteró de la masacre en Accomarca a través de los medios de comunicación, por lo que no pudo tomar acciones inmediatas.
Fotografías: Radio Programas del Perú RPP
De acuerdo a su versión, la matanza perpetrada el 14 de agosto de 1985, a los pocos días el inicio de su primer gobierno, fue un tema aislado del cual tomó conocimiento en setiembre del mismo año, en una reunión de Defensa Nacional.
Alan García dijo que no pudo decidir acciones inmediatas por cuanto el personal militar que actuó, con las órdenes del entonces subteniente EP Telmo Hurtado, ya había sido destacado a otra región al término del gobierno del antecesor, Fernando Belaunde Terry.
En ese sentido, el exJefe de Estado insistió en que, más de un mes después de la matanza en Accomarca, recibió informe completo de los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes le informaron que se trató de un enfrentamiento entre militares y terroristas, más no una matanza.
No obstante pidió a ambas cámaras del Congreso de la República (diputados y senadores) que inicien investigaciones al respecto y solicitó a las Fuerzas Armadas información sobre la patrulla (Lince) encargado del resguardo en la zona y a la que se le responsabilizó de los crímenes.
Ante las preguntas del fiscal del caso, Luis Landa, García agregó que durante su primer gobierno ordenó la destitución del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como responsable político en acción contra los derechos humanos.
Pese a las evidencias y la confesiòn de Telmo Hurtado en el fuero militar, de que había actuado por órdenes superiores, Alan García negó categóricamente que el aniquilamiento haya sido política de Estado e insistió en que solo era un “hecho aislado”.
La portátil vs. deudos
Las declaraciones de Alan Garía provocaron no solo el rechazo de los activistas de derechos humanos sino de los deudos de las víctimas, en un deplorable suceso que fue amliamente difundido por la prensa.
Al respecto el diario 16 , en su edición del 1 de mayo de 2014 señala textualmente:
Expresidente acude al fin como testigo, mientras que militantes insultan a deudos afuera del penal en donde se realizaba la audiencia.
Militantes y simpatizantes apristas se enfrentaron con insultos a los deudos de las víctimas de la matanza de Accomarca, en los exteriores del penal Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, lugar en donde se realizaba la audiencia por el mencionado caso.
Al mediodía había sido citado el expresidente de la República, Alan García, para atestiguar por el crimen, ocurrido durante el primer año de gobierno (1985-1990).
El 14 de agosto de 1985, durante una intervención al caserío de Accomarca, un grupo de militares asesinó a 70 campesinos.
Con arengas como: «¡No al Movadef! ¡No al terrorismo!». Los apristas presentes, que hacían las veces de una especie de portátil de García Pérez, insultaron a los deudos de las víctimas de la matanza, que cobró la vida de varios niños y niñas.
Habla abogada de los deudos
La defensora de los familiares de las victimas de la matanza en Accomarca, Karin Ninaquispe, exigió justicia y que el expresidente Alan García, responda a la justicia por haber encubierto a los militares responsables de la masacre cometida durante su primer gobierno.
“Después de 26 años de impunidad debido al encubrimiento que hubo desde un inicio durante el primer gobierno del presidente Alan García, ya que lejos de investigar, capturar y sancionar con todo el peso de le ley a los responsables más bien se protegió ascendiendo y condecorando principal inculpado del crimen colectivo de los 69 campesinos, el oficial del Ejército Telmo Hurtado, entre los que habían 24 mujeres, 30 niños, cuyos cadáveres fueron quemados para silenciar el genocidio cometido por uniformados, solo nos queda exigir legalmente ante la Sala Penal Nacional, cite al primer mandatario aprista para que responda ante la justicia”, sostuvo la abogada.
Recordó que en un inicio del proceso, antes de su fuga a los Estados Unidos, Telmo Hurtado, reconoció ante la justicia su responsabilidad en torno a matanza de los campesinos de Accomarca, pero ahora tras haber transcurrido 26 baños de impunidad.
“Tanto Telmo Hurtado y los 29 procesados , entre los que se encuentra otro militar del Ejército retirado Castañeda Castillo, quien se encuentra en proceso de extradición desde los Estados Unidos, a donde trataron de buscar impunidad ahora tratarán de guardar silencio o desviar las investigaciones judiciales para evitar que la justicia les aplique todo el peso de la ley”, subrayò.
D otro lado, Celestino Baldeón, hijo de una de las víctimas, junto con un nutrido grupo de familiares que se encontraban con pancartas y banderolas exigiendo justicia en la parte externa de la Sala Penal Nacional donde se llevará a cabo el proceso judicial coincidieron en pedir que los magistrados actúen con transparencia , celeridad y justicia en este espinoso proceso:
“Hemos tenido que esperar 26 años para que las autoridades judiciales y antes del Poder Ejecutivo cumplan con lo que les correspondía que era develar el velo de impunidad que existe a favor de los militares responsables del crimen de Accomarca y de una vez por todas extraditen a Telmo Hurtado, conocido como el “Carnicero de los Andes” , agregó.
Aprodeh exige justicia
Gloria Cano, representante legal de la Asociaciòn Pro Derechos Humanos, APRODEH, denunció al expresidente, Alan García Pérez, en su calidad de Jefe de las Fuerzas Armadas y director del Sistema de Defensa Nacional , y otros altos mandos militares por el asesinato y genocidio de 69 pobladores de la comunidad de Accomarca.
“García conocía la política antisubversiva que se venía implementando desde diciembre de 1982 y de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en las zonas de emergencia. Pese a ello aceptó continuar con esa estrategia e incluso ratificó al jefe político militar de Ayacucho, Wilfredo Mori Orzo, a pesar de las numerosas denuncias que tenía en su contra por los crímenes cometidos en el cuartel Los Cabitos y, además, responsable de las masacres de Umaru y Bellavista”, acotó.
“Al recibir información de presencia terrorista en la zona de Accomarca, Mori Orzo ordenó la elaboración de un plan para enfrentar tal situación: el Plan Huancayocc, cuyo objetivo era capturar y/o destruir a los terroristas que se encontraban en las alturas de dicho poblado. El propio Mori Orzo confirmó esta versión ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación al señalar que destruir es eliminar”, afirmó la abogada.
“Si bien Alan García asumió el mando constitucional el 28 de julio de 1985, y los hechos se produjeron entre el 8 de agosto y septiembre del mismo año, ello no lo exime de responsabilidad por los hechos ilícitos acontecidos durante ese período, ya que estos no se presentaron en contextos aislados, ni mucho menos eran desconocidos por las autoridades políticas, eclesiásticas y militares. Se trataba más bien de violaciones masivas a los derechos humanos dadas a conocer por los familiares de las víctimas, por las organizaciones de derechos humanos, por los medios de comunicación, etc. Por ello sostenemos que al asumir García la presidencia no desconocía la situación, ni las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en las zonas declaradas en emergencia”, explicó.
La abogada hizo mención a las versiones señaladas por diversos integrantes de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de García quienes confirmaron el conocimiento que García tenía sobre la situación. Entre ellas figuran las declaraciones de Julio Velásquez Giaccarini, general de Brigada y jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, quien despachaba todas las mañanas con el Presidente y le informaba sobre lo que acontecía en las zonas de emergencia.
También se encuentran las declaraciones de César Enrico Praeli, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas quien en una entrevista a la revista OIGA (23 de setiembre de 1985) señala: “Tuvimos una reunión con el nuevo gobierno, dos reuniones del Consejo de Defensa Nacional, para que el Presidente tomara un conocimiento cabal de cuál era la situación. En la primera participó el General Mori, participamos todos los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y se hizo una exposición muy detallada para poner en conocimiento del Presidente de la República de la situación de las Fuerzas Armadas en la sub-zona de emergencia Nº 5 –zona correspondiente a Ayacucho– (…) no se consideró en ningún momento una nueva política antisubversiva (…) el Consejo de Defensa Nacional estaba enterado de la situación, de los enfrentamientos que se había producido, de los muertos que se habían presentado (…). Asimismo, le dijo al Premier “A mí, ni a ninguno de los miembros del Comando Conjunto ni del gabinete puede quitarnos la confianza porque dependemos única y exclusivamente del Presidente”.
Por su parte, Sinesio Jarama, jefe de la Segunda Región Militar conocía y compartía los lineamientos y doctrina de Defensa Nacional antisubversivas violatorias de los derechos humanos impartidas desde los más altos mandos militares.
Ello se corrobora con sus expresiones vertidas ante el Senado de la República, el 17 de septiembre de 1985, en donde señaló: “Cuando el poder público ha sido rebasado, cuando las leyes ya no pueden ser aplicadas y su aplicación no da el resultado que se pretende, cuando sus fuerzas policiales y su empleo también ha sido rebasado y ya no pueden restituir la normalidad a las zonas convulsionadas, en esa circunstancia es que el Estado determina el empleo de la Fuerza Armada. Consecuentemente, cuando esa Fuerza Armada interviene ya no lo hace bajo las mismas condiciones del Estado Normal de Derecho, porque en esa zona ya no rige, justamente, la constitucionalidad, ya no rige (…) el imperio absoluto de la ley (…) ya no se dan las condiciones para que la fuerza pública pueda utilizar instrumentos para restablecer el orden, para garantizar la seguridad, ¿por qué?, porque se ha producido una alteración en el poder político, en el ejercicio del poder comunal, porque en esa zona ya no se respeta la vida humana, ni la propiedad pública, ni la propiedad privada, por eso es que el Estado declara el Estado de excepción. Por eso el Estado determina la intervención de las Fuerzas Armadas”.
“García no hizo nada para cambiar la estrategia violatoria a los derechos humanos que se venía ejecutando en Ayacucho desde diciembre de 1982 por parte de las Fuerzas Armadas. Prueba de ellos son las diversas masacres como Pucayacu, Accomarca, Cayara, Chumbivilcas, entre otras, cometidas desde el inicio de su gestión”, puntualizó la abogada.
“Por ello, la investigación realizada señala que esta masacre no obedece a un hecho aislado o a la convicción de una persona. Por el contrario, se trata de una concepción imperante en las Fuerzas Armadas durante esos años en donde la eliminación física de los presuntos subversivos era parte de su trabajo ordinario. Con ello se confirma que durante los años de conflicto armado se implementó –en las zonas declaradas en emergencia– una política sistemática violatoria de los derechos humanos, implantada desde el Estado”, puntualizó.
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