Pocos después del operativo Chavín de Huántar, que liberó a los rehenes de la residencia del embajador japonés, el ex secretario político de esa misión, Hidetaka Ogura, comunicó a Morihisa Aoki, que vio que tres emerretistas capturados con vida.
En su testimonio, Hidekata Ogura comentó que la misma noche del operativo, realizado el 22 de abril de 1997, se sorprendió al escuchar en los noticieros que ninguno de los terroristas sobrevivió, por lo que sospechó que algunos fueron asesinados tras su captura.
«Conversé con el embajador y otras personas superiores, que yo quería denunciar», dijo tras precisar que en las reuniones estuvo presente el ministro consejero, Hiroyuki Kimoto.
Otros ex rehenes, como Hideo Nakamura, le confirmaron en conversaciones privadas que vieron a algunos emerretistas detenidos vivos. (Eduardo Cruz Sánchez, (a) Tito, Herma Meléndez Cueva (a) Cinthia, y Víctor Salomón Peceros)
En esos momentos no denunció lo sucedido ante ninguna autoridad peruana por indicación de sus superiores pero, al dejar la diplomacia japonesa, reveló la ejecución extrajudicial a una revista japonesa , iniciando una larga odisea judicial, que terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El testimonio de Hidekata Ogura, sumado a las declaraciones de los policías Robles Reynoso y Torres Arteaga, quienes ratificaron que entregaron vivo al emerretista Eduardo Cruz Sánchez, (a) Tito, desmoronaron la burda coartada de Jesús Zamudio.
Los testimonios dieron lugar incluso a un debate pericial balístico que aumentó las dudas por sus múltiples pero que no descartaron la validez de los testimonios, (Ver videos)
Incómodo testigo de cargo
Hidetaka Ogura prestaba servicio como secretario de asuntos políticos de la Embajada de Japón cuando, en diciembre de 1996, los 14 miembros del MRTA tomaron como rehenes a los asistentes a una fiesta realizada en la residencia del embajador japonés.
Fue tomado como rehén junto con varios funcionarios y representantes de empresas japonesas, así como políticos y magistrados peruanos, por lo que se convertiría en un inesperado testigo de cargo desde el otro lado del planeta.
En el 2001, Ogura envió una carta a las autoridades judiciales, dando a conocer los detalles de lo que presenció, los que ratificó en las instalaciones del consulado peruano en Tokio, pese a las presiones para que guardara silencio.
Contó que, junto con otros diez ciudadanos japoneses, durante el rescate fue conducido al jardín de la casa vecina a través de un túnel, donde vio a seis jueces peruanos y al emerretista conocido como «Tito», tendido en el suelo y con las manos boca abajo.
«Estaba con dos policías de custodio y uno creo llamó por alguna máquina, walkie talkie o algo así. Después apareció del túnel, de parte de Defensa, un militar joven y él lo llevó a “Tito” a la residencia», agregó.
Ataques fujimoristas
En otra de sus descalabradas intervenciones, la congresista fujimorista, Martha Chávez, planteó que la justicia peruana investigue al diplomático japonés Hidetaka Ogura, porque sospecha que “fue el nexo del MRTA en la residencia del embajador japonés”
“Este señor debe venir al Perú, aquí hay personas dispuestas a denunciarlo. Los terroristas tenían la lista de invitados, yo estaba invitada e iba a ir, me buscaron en cada uno de los cuartos. No tengo dudas de que este señor debe ser investigado. Pudo ser el enlace previo del MRTA”, insistió la legisladora que, años antes, planteaba el “autosecuestro” de los alumnos de La Cantuta asesinados por el grupo Colina.
En sus elucubraciones, la congresista fuimorista, Martha Chávez, consideró al testigo y diplomático japonès, Hidetaka Ogura, sospechoso de complicidad con los emerretistas que lo secuestraron.
En ese sentido consideró que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condena al Estado peruano por la muerte de ‘Tito’, deja al país como “un violador de sus obligaciones internacionales”.
En declaraciones a Radio Programas, la legisladora de Fuerza Popular dijo que la Sala Penal Liquidadora y la Corte Suprema debieron cerrar el caso sobre todo cuando tenían en su poder la prueba pericial que, según ella, señala que el emerretista no fue objeto de una ejecución extrajudicial.
La sentencia de la CJDH
La Corte Internacional de Derechos Humanos, CIDH, consideró que Eduardo Cruz Sánchez (a) Tito, había sido víctima de una ejecución extrajudicial. En cuanto los otros dos emerretistas, Herma Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros, aceptó la conclusión de “que la muerte de estas dos personas se produjo cuando aún estaban tomando parte de las hostilidades…”.
La sentencia valida la acción de rescate al señalar que para el Estado “resultaba legítimo recurrir al uso de la fuerza en las circunstancias del caso concreto, en tanto respondía a la necesidad de liberar a los rehenes con vida”.
De esa manera el análisis prolijo del caso permitió el esclarecimiento judicial del asesinato de Tito; y a la vez salvaguardó a los comandos que llevaron a cabo exitosamente una operación de altísimo riesgo, salvaron vidas y no tuvieron responsabilidad sobre quienes, sin haber participado en el combate, mancharon el logro valiente del rescate con la cobardía del asesinato.
Al respecto, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, precisó que la sentencia no establece reparaciones económicas para los emerretistas en el caso Chavín de Huántar, como aseguraban los defensores de “los gallinazos”.
Subrayò que la sentencia dice con toda claridad que “esta sentencia constituye per se una forma de reparación”.
El coronel EP (r) Jesús Zamudio saluda a los diplomáticos japoneses en presencia del expresidente, Alberto Fujimori.
Explicó que en el caso de los emerretistas Herma Luz Meléndez Cueva, y Víctor Salomón Peceros Pedraza , a sentencia dice que no existen elementos para determinar responsabilidad internacional del Estado peruano.
Sin embargo, advirtió, en el caso de “Tito”, el fallo indica que el Estado peruano debe realizar las investigaciones que corresponda a fin de determinar las circunstancias de su muerte, por lo que las autoridades judiciales debían procesar al escurridizo coronel EP (r) Jesús Zamudio Aliaga, ahora en el banquillo de los acusados.
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