En Amnistía Internacional se llegó a la determinación de que Dina Boluarte debería ser investigada penalmente por su posible responsabilidad en las muertes de 50 personas ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, según declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en diálogo con el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
El informe presentado por la organización incluye una fundamentación jurídica sólida que sostiene que la exmandataria podría tener culpabilidad penal en estos hechos, enfatizó Piquer.
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Cabe mencionar que el pasado 8 de mayo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que maneja Fuerza Popular, archivó la denuncia presentada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra Dina Boluarte por los eventos ocurridos durante las protestas comprendidas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Pero Keiko Fujimori dice que nunca la blindaron.
Piquer también alertó sobre los intentos del Estado peruano de silenciar distintas voces, no solo mediante la modificación de funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que afecta a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sino también mediante medidas represivas contra quienes se manifiestan en las calles.
🔴 VIDEO | #AnaPiquer (@AnaAmancay) sobre las muertes ocurridas en las protestas en el 2022 y 2023: #DinaBoluarte debiera ser investigada penalmente
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Con respecto a este tema, destacó que los impactos más graves recaen consistentemente sobre los sectores históricamente más vulnerables, como mujeres, comunidades nativas y personas LGTBIQ. Además, subrayó que estas víctimas de violaciones de derechos humanos suelen contar con un respaldo activo por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, Piquer criticó el carácter discriminatorio de la represión estatal durante los años 2022 y 2023. Según los informes documentados por Amnistía Internacional, la violencia tuvo un componente notable de racismo. La mayoría de las víctimas fueron personas indígenas, lo que resalta las desigualdades estructurales aún presentes en el tratamiento estatal hacia dichos grupos.
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Texto: WSV
Foto: Composición
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