La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechaza la denuncia por reglaje interpuesta por el exministro del Interior y actual jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, Juan José Santiváñez en contra de Mónica Delta, Juan Subauste, Carlos Hidalgo y Jorge Ramírez, equipo del dominical Punto Final, y a Latina TV.
Esta denuncia se origina en el informe “Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio”, del 29 de junio último, en el que registran las reuniones en espacios públicos que sostiene el referido funcionario.
Para el exministro este reportaje “realiza actos de vigilancia mediante el uso de teléfonos y cámaras a fin de facilitar la comisión del delito de extorsión”.
La ANP le recuerda al señor Santiváñez que el delito de “marcaje o reglaje”, según el código penal, se constituye sí y solo sí el seguimiento se realiza para cometer o facilitar la comisión de un delito. El periodismo no es un crimen, señor Santivañez.
En ese sentido, le recordamos que su actual condición de funcionario lo hace pasible de la fiscalización social que se ejercita también con el trabajo del periodismo.
ANP expresa profundo pesar por el fallecimiento de Miguel Humberto Aguirre
Para la ANP este episodio recuerda el antecedente de la denuncia que interpusiera el entonces presidente del Legislativo, Alejandro Soto, en contra del periodista José Miguel Hidalgo, que investigaba presunto nepotismo. Ello evidencia un nuevo patrón de ataque a periodistas a quienes se les sindica delitos ajenos a su actividad informativa con el fin de estigmatizarlos y hostigarlos.
La ANP, al rechazar este intento de criminalización del periodismo, no puede dejar de advertir el contexto en el que se produce esta denuncia. Genera reparos que la misma surja como un potencial distractor en el contexto de la legítima discusión pública sobre el incremento salarial de la mandataria.
Finalmente, la ANP exhorta a la Fiscalía a desestimar esta denuncia al no contar con fundamentos de hecho ni de derecho. El Ministerio Público tiene la oportunidad de sentar precedentes positivos en la defensa de la libertad de prensa.
De iniciar investigación por la presunta comisión de un delito inexistente los operadores de justicia incurrirían en prevaricato.