La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechaza la actuación de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Tumbes y constata con extrema preocupación que el hostigamiento policial contra periodistas se multiplica en este estado de emergencia nacional.
En dicha región los periodistas Ricardo Alexsander Izquierdo Noel y Jhon Wagner Seclen Segundo, recibieron, cada uno, una carta policial remitida por el teniente PNP Samuel Alberto Correa Cruz, jefe de la Unidad de Emergencias (UNEME) con el aval del abogado y S2 PNP José Luis Quispe Condori.
Los documentos -que en esencia tienen el mismo contenido- fueron motivados por la información periodística que difundieron ambos periodistas en sus espacios informativos. Seclen -en un reporte para un noticiero nacional- e Izquierdo -en un informe del noticiero Opinión Popular- revelaron los excesos policiales cometidos en los exteriores de la sede del Gobierno Regional de Tumbes el 23 de abril último.
En aquella ocasión los agentes PNP dispararon perdigones para dispersar a las personas que se acercaron para solicitar el traslado humanitario a sus respectivas provincias. Esto fue registrado por los medios de comunicación.
Ese día, la página en Facebook de Opinión Popular difundió el informe periodístico que daba cuenta del hecho, el mismo que fue rebotado por Seclen en sus redes sociales personales.
Es a partir de ello que Correa Cruz envía la carta a Seclen el 25 y a Izquierdo el 28 de abril último. En el documento, el teniente solicita a los periodistas que presenten los “medios probatorios” que llevaron a tomar la decisión de “denunciarlo”, amparándose en la ley de Procedimiento Administrativo General.
Esta carta resulta extraña cada vez que, lo que se denunció a través de los medios fueron los excesos de la policía el día en cuestión y, en ningún momento, se hizo alusión directa al teniente Correa. Asimismo, el documento también pide explicaciones por una serie de destapes periodísticos que circularon en un noticiero nacional hace dos años, en una investigación en la que no tuvieron parte alguna los periodistas destinatarios de las misivas.
Este hecho insólito es uno de los más recientes que el periodismo tumbesino ha tenido que afrontar por parte de la policía en este contexto de emergencia nacional. Anteriormente, el 16 de abril, un contingente policial irrumpió violentamente en las instalaciones de la emisora local Radio Antena 10.
Al promediar las 9 de la noche el locutor Yuri Jhonatan Paredes Eche, que reside en uno de los pisos superiores del local, escuchó golpes en la puerta. Al asomarse a observar qué sucedía, visualizó en los exteriores un gran contingente policial a bordo de cuatro camionetas.
Uno de los agentes le indicó a gritos a Paredes que abra la puerta del local. El locutor bajó para atender la situación. En el momento que termina de abrir la entrada, los policías ingresaron abruptamente para recorrer todos los ambientes de la radio y del local en que funciona.
Jhonatan Paredes preguntó a los agentes policiales la razón por la que ingresaban de esa forma en las instalaciones del medio de comunicación sin encontrar respuesta inmediata. Terminada la diligencia los efectivos indicaron que habían recibido la información de que en ese lugar se realizaba una fiesta y que estaban reunidos tomando licor.
En ese momento, el locutor comienza a grabar la intervención policial, ante lo que los policías reclaman que no lo haga. Paredes pregunta reiterativamente quién es el encargado de la operación policial, pero no recibe información.
La intervención a las instalaciones de Radio Antena 10 duró alrededor de media hora y al finalizar no detectaron ninguna irregularidad en el local. La ANP cuestiona este actuar arbitrario e irregular.
A esto, se suma lo sucedido días atrás con la periodista Lucy Peña López, quien fue hostigada por un patrullero de la policía que intentó obstruirle el paso mientras se dirigía a su centro de labores.
Según la hipótesis de periodistas locales esto se habría dado como represalia porque la periodista había cuestionado el mal uso de patrulleros de la comisaría “El Tablazo”.
Otro hecho fue el sucedido con la periodista Kelly Monja López, quien estuvo acompañando el patrullaje policial junto a periodistas de otros medios locales durante el toque de queda. Los periodistas daban cobertura a las detenciones de personas que no acataban la orden de inmovilización social obligatoria.
Culminada la labor, la periodista desciende del vehículo policial para dirigirse a su vivienda. Sin embargo, para su sorpresa, cuando se encontraba a pocas cuadras de llegar, aparece una patrulla desde la que algunos agentes policiales le gritan que corra porque ya estaban en toque de queda.
ANP condena excesos policiales contra periodista en Mazamari
La periodista responde indicando que se encontraba cubriendo los patrullajes y muestra sus documentos de tránsito (salvoconducto, DNI y carné de prensa), sin embargo, uno de los agentes responde levantándole la voz y solicitándole sus documentos.
Luego de varios minutos -en los que retuvieron los documentos de Monja López-, uno de los agentes indicó que deberían llevarla a la comisaría. La periodista responde explicando su labor y que algunos de los policías presentes estuvieron junto a ella mientras realizaba la cobertura.
Después de discutir brevemente, el agente policial le devuelve sus documentos y la dejan transitar.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su preocupación por estos hechos, claros ataques a la libertad de prensa en Tumbes. Resulta inaudito que entre dos servicios esenciales –seguridad y medios de comunicación- se den estas confrontaciones que limitan el trabajo periodístico.
Asimismo, la ANP invoca a Inspectoría de la Policía para que inicie los procesos internos correspondientes a fin de tomar las acciones que ameriten los excesos recogidos por la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista (OFIP).